| TRANSPARENCIA.
Selección relevante
Carlos Guevara Mann
El Canal de Panamá es el activo físico más representativo de nuestra nacionalidad. Desde su inauguración en 1914, tres generaciones de panameños lucharon por su incorporación al patrimonio nacional. Además, su administración eficiente y transparente constituye, para nuestro país, una obligación internacional. Por todo ello, la selección de su administrador (el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía y representante legal de la Autoridad del Canal de Panamá, ACP) es singularmente relevante, sobre todo en momentos en que el país se aboca a la toma de decisiones importantes sobre el futuro de la vía acuática.
De acuerdo con la Ley No. 19 de 1997, Orgánica de la ACP, el administrador debe "ser de nacionalidad panameña; poseer título universitario o experiencia práctica suficiente a juicio de la junta directiva; no haber sido condenado por delito doloso o contra la administración pública; y no tener, al momento de su designación, parentesco con miembro(s) de la junta directiva dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad" (Art. 23).
Según lo establece la Constitución política vigente (Art. 319), al igual que la norma jurídica arriba citada, el nombramiento del administrador corresponde a la junta directiva de la Autoridad, la cual no podrá escoger para ese empleo "a ninguno de sus miembros, mientras ejerza el cargo de director". (Art. 18 de la Ley Orgánica).
Sería, por lo tanto, contrario al espíritu de la ley que un director renunciara a su puesto para habilitarse como candidato a administrador, horas antes de la elección por la junta directiva. La designación de un alto funcionario gubernamental, cercano colaborador del Presidente de la República, también podría considerarse contraria al espíritu de la Constitución y la ley, las cuales estatuyen el carácter autónomo de la ACP.
Ese carácter autónomo es uno de los pilares fundamentales de la administración del Canal por la República de Panamá. Sumamente inconveniente —no solo para el país, sino también para la comunidad marítima internacional— sería violentar dicha autonomía mediante el nombramiento de un administrador con base en consideraciones particulares o personales.
Los directores de la ACP hacen bien en mantener en reserva sus preferencias personales para el cargo. A la junta directiva debe reclamársele, eso sí, que no haya divulgado los criterios que guían la selección del administrador. Además de los que estipula la Ley Orgánica antes señalados, la junta debe haber establecido directrices para la designación del funcionario. En aras de la rendición de cuentas que la ciudadanía demanda con insistencia, esas directrices han debido ser publicadas, a fin de que la ciudadanía tuviese la certeza de que el escogimiento del administrador se llevaría a cabo al margen de la politiquería y el amiguismo.
Entre los criterios de elección deberían figurar, con prominencia, la honradez y el compromiso con la transparencia y el sistema democrático. Los rumorados planes de expansión del Canal han causado alarma en la ciudadanía, por su potencial impacto financiero, ecológico y social. La inquietud ha sido mayor entre los miles de campesinos que viven en la cuenca del Canal en condiciones de subsistencia. La posibilidad de que los campesinos de la cuenca pierdan su modus vivendi ha generado suspicacias y tensión en sus comunidades. Una administración democrática, preocupada por el bienestar de la ciudadanía, debería ofrecer información veraz y alternativas de solución a un problema tanto apremiante como real.
En esta coyuntura, la junta directiva de la ACP ha perdido una valiosa oportunidad para contribuir al mejoramiento de la administración pública panameña. En vez del secretismo que ha caracterizado el proceso de nombramiento del nuevo administrador, ha debido optar por la selección mediante concurso público, con reglas claramente establecidas, abierto a todos los ciudadanos panameños idóneos para ejercer el cargo. Esa decisión habría contribuido, notablemente, a fortalecer la institucionalidad democrática, tan debilitada en nuestro medio y a sentar bases sólidas para garantizar la futura viabilidad del Canal de Panamá.
El autor es catedrático de Ciencias Políticas
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