| JUSTICIA.
Los jurados de inconsciencia
Leandro Ferreira Béliz
La crisis de nuestro sistema judicial abarca muchos aspectos y tiene diversos efectos negativos en la vida nacional. No obstante, en esta ocasión me limitaré a comentar sobre las nefastas repercusiones que se presentan cuando los jurados de conciencia fallan de manera absurda.
Estos jurados, reservados para ciertos delitos como el homicidio, encuentran su fundamento legal en nuestra Constitución Política, y su creación y utilización obedece al principio que reconoce a la ciudadanía el derecho de participar en el delicado proceso de impartir justicia. A fin de cuentas, se supone que siendo los ciudadanos que conforman los jurados de conciencia miembros de la sociedad que resultó afectada u ofendida por el delito cometido, procurarán basados en las evidencias recabadas durante la investigación del hecho punible, llegar a un veredicto justo.
Sin embargo, la realidad en nuestro medio es otra. El "juega vivo" que vergonzosamente nos caracteriza, también se ha apoderado de estos jurados. En muchos casos, las personas que son seleccionadas para su integración (generalmente funcionarios públicos elegidos al azar) no tienen la más mínima intención de actuar responsablemente conforme a las pruebas contenidas en los respectivos expedientes, y más bien desde que son llamados a cumplir con este deber, asumen una actitud temerosa que les garantizará (según ellos) librarse de problemas, sin importar si envían de vuelta a la calle a un asesino o peligroso delincuente.
Un repaso de las estadísticas sobre los fallos de los jurados de conciencia, convocados para decidir sobre algunos de los más sonados casos de homicidio de los últimos tiempos, nos permite concluir que la otrora respetada figura se ha transformado hasta convertirse en un desprestigiado componente de un sistema que promueve la impunidad. En Panamá, las penas irrisorias y las escasas posibilidades de veredictos condenatorios se han combinado para crear un escenario altamente conveniente para que prospere la delincuencia.
Debo reconocer que el panorama es distinto cuando en los juicios se falla en derecho, es decir, cuando corresponde a un juez emitir el dictamen. Por esta razón, los abogados defensores de las personas a las que se le atribuyen homicidios, prefieren optar por los juicios con jurados, ya que de esta manera se incrementan las probabilidades de libertad para sus clientes.
Ante este hecho, que sin exagerar, considero que atenta contra la seguridad pública, se hace impostergable la revisión de las leyes y normas que reglamentan el funcionamiento de estos jurados, con miras a reducir las posibilidades de decisiones totalmente desprendidas de la evidencia recabada. Factores como el nivel educativo de los candidatos, pruebas de psicoanálisis para determinar si poseen el perfil necesario, una adecuada protección (estricta reserva de identidad) y la participación de un juez en las deliberaciones en rol de orientador, deben considerarse para la implementación de mejoras. Ya en el pasado, han habido iniciativas con este propósito, las cuales por razones desconocidas no se han concretado.
Limitarse a responsabilizar a los fiscales por estos injustos fallos, alegando que los mismos carecen de habilidad para convencer, sería tener una corta visión sobre este problema. Recordemos el refrán que dice "no hay peor ciego que aquel que no quiere ver", el cual aplica perfectamente a la situación que estamos analizando. Si el jurado actúa influenciado por el temor y por otros motivos, es muy difícil lograr una decisión objetiva. Tanto es así, que en ocasiones a pesar de haber una confesión por parte de los acusados aceptando su culpabilidad, la cual se suma a la abundancia de evidencia que los incrimina y que no da lugar a la duda razonable, inexplicablemente estos son absueltos.
Ojalá el clamor de justicia de los familiares de centenares de víctimas de crímenes violentos (cada vez más horrendos), no caiga en oídos sordos, y por el contrario, se convierta en un aldabonazo que llegue a estremecer los cimientos de un aparato judicial que ha demostrado ser insostenible, y que está causando una peligrosa frustración entre la población.
El autor es analista
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