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marianelap@prensa.com En el 2006, el Gobierno gastará mil 623 millones de dólares en servicios de deuda pública -comisiones, intereses y amortizaciones de capital-, 291 millones de dólares más que este año (ver tabla). Ese extraordinario incremento se debe principalmente al vencimiento de unos bonos globales, explicó el jefe de la Dirección de Presupuesto de la Nación (DIPRENA), Carlos González, quien desde hace un par de semanas trabaja de lleno en la revisión de los proyectos presupuestarios del año fiscal 2006 de todas las entidades públicas del Estado, tanto las del Gobierno Central como las descentralizadas. "Este año no solo estamos recibiendo y analizando los proyectos presupuestarios del próximo año fiscal, sino también los programas de inversión de las entidades públicas para el periodo 2007-2009", precisó González. De acuerdo con las estimaciones preliminares de la DIPRENA, los ingresos corrientes del Gobierno Central subirán a 2 mil 492 millones de dólares el año entrante. Ese monto supera en 366 millones de dólares a los ingresos corrientes contemplados en la Ley de Presupuesto 2005. El Gobierno espera obtener esos ingresos adicionales por dos vías: 236 millones de dólares del crecimiento de la economía y 130 millones de dólares de la implementación de la reforma fiscal, que permitirá recaudar sumas adicionales importantes por concepto de Impuesto sobre la Renta y otros gravámenes. Este proyecto preliminar de presupuesto está basado en las siguientes proyecciones macroeconómicas correspondientes al año 2005: crecimiento real del Producto Interno Bruto en 3.5% e inflación de 1.5%. Los gastos corrientes del Gobierno Central presupuestados para el año fiscal 2006 se han estimado preliminarmente en 3 mil 300 millones de dólares, 410 millones de dólares más que en 2005. Nueva metodología El Ejecutivo había dado plazo hasta el 31 de julio a todas las instituciones públicas para remitir a la DIPRENA sus proyectos de gastos 2006 y sus posibles fuentes de financiamiento, así como también sus planes de inversión de los próximos cuatro años. No todas las entidades han cumplido con ese mandato, pero sí la mayoría. "Estamos trabajando con una metodología presupuestaria nueva y por eso entendemos que algunas entidades aún no hayan podido cumplir con la entrega de sus proyecciones de inversión 2007-2009. Les hemos dado un par de semanas más para cumplir con esa obligación", comentó el director nacional de presupuesto. Luego de que los técnicos de la DIPRENA evalúen esas propuestas y realicen las primeras vistas presupuestarias con cada una de las entidades públicas, González presentará sus revisiones y recomendaciones a los directores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los viceministros Rolando Mirones y Héctor Alexander, y el ministro Ricaurte Vásquez. "Una vez discutido con ellos, se harán los ajustes que correspondan al proyecto preliminar y se redactará el anteproyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2006 que será enviado al Consejo de Gabinete", aclaró. Dicho anteproyecto será evaluado por los ministros y el presidente, Martín Torrijos, del 20 al 23 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial del MEF. "Y el Ejecutivo presentará el anteproyecto a la Asamblea Nacional, a más tardar, el 4 de octubre", precisó el funcionario. SIN PRESUPUESTO Por una serie de fallos arbitrales dictados en contra del Estado panameño, el Gobierno debe una serie de indemnizaciones a empresas y grupos de individuos, que suman 171.9 millones de dólares. Al ser consultado sobre este particular, González informó que en la ejecución fiscal del año 2005 no hay fondos previstos para honrar esos compromisos y que los pagos de esas indemnizaciones tampoco han sido presupuestadas para el año 2006. "Esos pagos no están contemplados en el proyecto de presupuesto preliminar. Eso puede cambiar en el proceso de revisiones, ajustes y vistas presupuestarias, pero por ahora no está", dijo. Entre las indemnizaciones pendientes de pago, destacan las siguientes: Parienti-Terminal de Colón (32.5 millones de dólares), puente Van Dam (24 millones de dólares), trabajadores del IRHE afectados por Ley 25 (20 millones de dólares) y caso ICA (25.5 millones de dólares). En la lista de "pasivos contingentes" también figuran las indemnizaciones causadas por los bonos fraudulentos que emitió el municipio de Colón en 2000, un juicio contra la Empresa de Transmisión Eléctrica y otro contra el Banco Nacional.
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