| Secuestro. Un juez puso a la empresa bajo administración judicial.
Desde la caseta de PYCSA
Harrington administra una empresa sin bienes, aunque con multas, incumplimientos contractuales y reclamos.
El Banco Nacional y la Caja de Ahorros prestaron plata a la compañía, a pesar de que ésta no tenía activos a la vista.
| LA PRENSA/Maydeé Romero |
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| Toma de posesión. Kevin Harrington (izq.) y Herbert Young, abogado del Parque Metropolitano, llegaron el 19 de julio a las "oficinas" de PYCSA, en Cerro Patacón. El letrero de ésta dice Autovías, contratista que opera el Corredor Norte.544867 |
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
La oficina de Kevin Harrington –el administrador judicial de PYCSA Panamá, S.A.– es una cafetería ubicada en el interior de una caseta sobre el Corredor Norte.
Entre olores de comida y sobras, el administrador trata de gerenciar la empresa desde el 11 de julio pasado, cuando fue nombrado por el Juzgado Séptimo Civil, a cargo del proceso de secuestro de los bienes de la constructora, a solicitud del Patronato del Parque Natural Metropolitano.
Además, trabaja sin personal ni documentos. "Lo único que me dieron fue un rollo de papel toalla", sonríe. Poco tendría que administrar, pues, salvo platos, vasos y cubiertos, no parece haber mucho más.
Harrington maneja una empresa que firmó en 1994 un multimillonario contrato con el Estado. De allí que la Fundación del Parque creyera que, al secuestrar la constructora, finalmente podría resarcir un viejo reclamo que empezó en 2.4 millones de dólares y que ahora va por 3.9 millones de dólares y sumando.
Pero ese no es el único problema de PYCSA. La constructora de origen mexicano no puede presumir de su relación con el Estado ni con sus empleados. Más bien parece un prontuario: reclamos salariales, multas por violaciones a la ley e incumplimiento del contrato.
El administrador judicial creía que el principal activo de la compañía era el Corredor Norte. Pero lo que parecía ser filete terminó en jarrete. La autopista es operada y explotada por otra sociedad: Autovías que, a su vez, fue secuestrada –en julio de 2003– por Grupo Promotor Internacional, S.A. Es decir, PYCSA no recibe un centavo en peajes. Y si no recibe nada, ¿quién paga el préstamo que hizo para construir la carretera?
Ricardo De Ycaza, el abogado de PYCSA, le comunicó a Harrington que no trabajaría para él, pues su contrato es con PYCSA y no con el Juzgado.
De hecho se quedó en el piso 27 de la torre Banco Continental, donde opera una "pariente" de PYCSA, de nombre Constructora Vial. Este abogado es, a propósito, agente residente de PYCSA, de Constructora Vial, de Autovías, así como de su demandante: Grupo Promotor Internacional. La presidenta de esta última sociedad es su propia hermana, Marilina De Ycaza.
Por lo pronto, lo único a lo que Harrington ha podido echar mano es al "derecho de llave" para terminar los tramos inconclusos del Corredor. De manera que, a su juicio, "el secuestro no fue fallido, porque logramos un bien intangible".
Ahora el funcionario judicial quiere desarrollar la fase Madden-Coco Solo –en Colón– que él calcula costaría unos 155 millones de dólares. "Estoy contactando bancos y puertos para sondear el interés en ésto". De lograr ese crédito, cree que la obra estaría lista en el 2009.
Pero no tiene muchas esperanzas en el sector gubernamental. Mientras los ministros no contestan las cartas enviadas por él para notificarles que PYCSA está secuestrada, tampoco ha logrado que el gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Juan De Dianous, le informe formalmente quiénes son los tenedores de los bonos emitidos por PYCSA, que, a la postre, son los beneficiarios anónimos del dinero que se recauda en peajes.
¿Por qué el BNP? Esta institución otorgó a PYCSA un préstamo de 28 millones de dólares para concluir la segunda etapa del Corredor: Tinajitas-Club de Golf. La Caja de Ahorros, por su parte, le prestó 10 millones de dólares más.
Estos bancos estatales salieron así al rescate de PYCSA, luego de que en marzo de 2002, la estadounidense Oficina del Controlador de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) prohibiera al Hamilton Bank –intervenido por sospechas de lavado de dinero– que realizara nuevas transacciones con el mexicano nacionalizado panameño Máximo Haddad, presidente de PYCSA y nombrado vicecónsul en Tampa por Mireya Moscoso.
Poco antes, PYCSA recompró los bonos que tenía colocados en el mercado estadounidense, con un valor nominal de 120 millones de dólares. Así evitó que los bonos bajaran de calificación ("CC" a "D").
El BNP señaló que para respaldar la operación se transfirieron a un fideicomiso los derechos y bienes emanados del contrato de concesión de la segunda fase del Corredor Norte. Pero el banco parece desconocer que para entonces PYCSA estaba secuestrada por orden del Juzgado Sexto. ¿Por qué el BNP y la Caja de Ahorros le dieron créditos a PYCSA, si ésta no tenía activos a la vista?
Al parecer, tampoco dieron importancia al hecho de que PYCSA fue multada –con 25 mil dólares– por incumplir el diseño del plano en la fase Tinajitas-Club de Golf.
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