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Cruzada contra la corrupción
Sin duda, los escándalos de los últimos meses, y más recientes en las últimas semanas, son sólo una pequeña muestra de la tremenda corrupción que existe al interior del sistema político panameño, incluso, de la propia sociedad, al quedarse prácticamente mudos y ciegos ante tanta inmoralidad. El abuso del poder y el uso indebido de influencias y de recursos públicos son sólo un episodio más de nuestra carcomida sociedad.
La corrupción sigue siendo el principal problema que enfrentamos para poder consolidar nuestra democracia y fortalecer nuestro desarrollo económico.
La corrupción es la causa fundamental del contrabando, la piratería, el mercado informal, la evasión fiscal, la delincuencia, la impunidad y el narcotráfico.
La corrupción es la causa de que no exista un verdadero estado de derecho en nuestro país y una de las principales causas de la baja eficiencia y competitividad de la gran mayoría de las empresas panameñas. Debemos avergonzarnos de ser, a nivel mundial, uno de los países con mayor grado de corrupción, según el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del año 2003 de Transparencia Internacional, estando en el número 66.
Contra lo que algunos creen, a nadie conviene el desprestigio del sistema político y de los políticos panameños. Instituciones políticas débiles y desprestigiadas, en el Ejecutivo y Legislativo, no tendrán la legitimidad y la credibilidad para impulsar los cambios que requiere el país.
¿Con qué cara el Gobierno y los diputados aprueban una reforma fiscal que grave a la gente cuando la población es testigo de los abusos y la corrupción que existe en la vida política nacional? Mientras no controlemos la corrupción y demos mayor legitimidad y prestigio a las instituciones políticas, no va a ser fácil avanzar en las reformas estructurales que requiere el país.
Es, por lo tanto, urgente, después de lo sucedido en las últimas semanas, el establecimiento de un programa integral en contra de la corrupción. Los escándalos de las últimas semanas nos obligan a todos, a la sociedad en su conjunto, a iniciaruna verdadera cruzada contra la corrupción y la impunidad.
No nos equivoquemos. El problema no está en saber si hay alguien atrás de alguna grabación o filmación, o si todo es parte de una campaña en contra de alguien.
El problema está en el acto mismo de corrupción; en que haya empleados públicos o privados recibiendo dinero a cambio de favores políticos. No desviemos la atención pretendiendo convertir actos de corrupción en campañas políticas de desprestigio, y mayor aún, en campañas electorales prematuras, aunque muchas veces los hechos de corrupción sean tan evidentes y escandalosos.
No estamos enfrentando, a nivel nacional, una situación como la que había en los tiempos de la dictadura; estamos en medio de una podredumbre de corrupción, y la única forma de combatirla y aniquilarla es atacándola de frente, no creando fantasmas. Qué malo que se dé la corrupción, pero qué bueno que se denuncia y se haga pública, aun cuando sea con estratagemas. Hay que hacer un reconocimiento a los medios de comunicación; gracias a ellos la impunidad está quedando atrás en nuestro país. Si en Panamá existe corrupción a los niveles que existe es porque nunca nos hemos realmente decidido a erradicarla. Nos hemos acostumbrado a vivir con ella y hemos convertido en algo normal el contrabando, la piratería, el mercado informal y la evasión, flagelos que están afectando el desarrollo nacional, pero lo peor aún es, que los ciudadanos honrados, en el fondo, hemos sido cómplices de la corrupción al no denunciar y convivir dentro de la corrupción.
La lucha contra la corrupción la ha perdido el país y la han ganado aquellos que tienen intereses en que no avance. La corrupción, a los que más afecta es a los que menos tienen.
La corrupción beneficia a los que tienen dinero porque son los únicos que pueden pagarla. Es mucho lo que se puede hacer para combatir la corrupción. Hay que legislar para limitar los privilegios, para agilizar los juicios políticos, para sancionar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses. Hay que dotar de mayor presupuesto a las autoridades intervinientes en la administración de Justicia, ya sea Órgano Judicial y Ministerio Público.
El autor es abogado
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