FOTODENUNCIA Para evitar accidentes

LA PRENSA|Jihan Rodríguez

VIGILANCIA. Marinos y policías han reforzado la vigilancia en el Puente de las Américas, para impedir el paso de peatones, luego de que el pasado viernes 29 de julio tres trabajadores afectados con la Ley 25 de 1990 subieran al puente para exigir el pago de sus salarios caídos.

¿Un odio contra sí mismos?

. Los dos artículos de Opinión del 22 y el 23 de julio relacionados al escándalo del saqueo a la Caja de Seguro Social, descubierto en 1982, y aparecidos 23 años después bajo la firma de quien fuera director de la CSS en tiempos de la dictadura militar, Abraham Saied, contienen no menos de una contradicción interesante. Saied alega, en el primero de esos artículos, que las "mentiras y publicaciones mal intencionadas" en su contra (la apropiación de millones de dólares en fondos del Seguro) fueron "el preámbulo de la investigación y siguen siendo pasto para atacarme, convirtiéndome en símbolo de un odio ancestral hacia el PRD". Los pocos nombres que Saied menciona en ambos artículos corresponden, no obstante, a miembros del PRD, a sus allegados cercanos o a funcionarios del entonces gobierno del PRD, amén de los nombres de los ex generales Paredes y Noriega, pilares armados de ese mismo gobierno. Y si fuera cierto, como Saied afirma en el segundo artículo, que "durante la investigación, el presidente Royo y el vicepresidente Ricardo De la Espriella, escondieron las evidencias y la Presidencia mintió", sorprendería a todos que las principales figuras del PRD, como lo eran Royo y De la Espriella, en 1982 hubieran sentido "un odio ancestral" hacia su propio partido (del que creo aún siguen siendo miembros), victimizando por el solo gusto al señor Saied, quien a la sazón era yerno de Moisés (Monchi) Torrijos Herrera, el hermano mayor de Omar Torrijos Herrera, fundador y líder del PRD.Para información auténtica sobre los millonarios robos al Seguro resulta mejor lectura En tiempo de tiranos, libro de Guillermo Sánchez Borbón y Richard Koster, del cual La Prensa publicó dos extractos ("El Saqueo del Seguro") en las ediciones del 22 y 23 de mayo pasados.

Carlos A. Moreno

La respuesta que no recibimos los usuarios

.Desde que el Ente Regulador de los Servicios Públicos fue creado su misión era ayudar, hasta donde sé, a los ciudadanos panameños a resolver los problemas que surgieran con las empresas que nos dan servicios como luz y teléfono. Al parecer, ese apoyo no llega hasta los usuarios de estos servicios. En 2 de diciembre del 2004 le envié una carta al Ente explicando mi caso y pidiendo ayuda, pero nadie hasta la fecha me ha contestado.Además he realizado una serie de llamadas a la institución y tampoco recibo una respuesta a mi problema. Tengo una residencia en Lídice, en el distrito de Capira, en la que no he podido instalar la electricidad, porque la compañía que nos proporciona el servicio en esa área, sencillamente elimino el transformador del poste que queda frente a mi casa, para regalárselo a otra familia. Ante tal situación nuevamente el 4 de julio del 2005, mi esposa escribió otra carta al director del Ente Regulador, y tampoco he recibido ninguna respuesta, ni positiva, ni negativa a nuestras misivas. El 18 de julio del 2005 hice otra llamada a la institución; en esa ocasión la respuesta fue que se iba a investigar. Llamé nuevamente el 21 de julio de 2005 y la respuesta fue que no se ha hecho nada. Mi preocupación consiste en que en el Ente Regulador al parecer nadie tiene conciencia y parece que nadie es responsable por sus acciones. Desde mi punto de vista el director del Ente (el jefe) debe saber todo lo que pasa en su organización, pues él es el responsable de dar una respuesta al público y de asegurarse de que sus subalternos cumplan con su trabajo.

Hubert Boyle

Más rechazo a iniciativa de Wilson

.El único comentario que quiero hacer sobre la nota "Diputados desautorizan a Jerry Wilson", publicada el pasado 1 de agosto, es que esta es una nueva burla o drama para la sociedad panameña. O el Sr. Jerry Wilson, le debe muchos favores a los actuales magistrados, o al revés, los magistrados le deben muchos favores al Sr. Wilson. Hay que recordar que Wilson fue parte del "circo" de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué cosas sabrá Wilson de sus homólogos, que necesita incluir a los más incapaces y cuestionados ciudadanos que administran justicia, para que continúen haciendo un festín de la justicia, la ley la Constitución? Así las cosas, ¿será que el Sr. Wilson desea ser nuevamente magistrado de la CSJ.

Flora E. Sánchez

Es injusta la generalización de todos los candidatos

.La falacia de generalizar que todos los candidatos no declaramos nuestros donantes no tiene otro fin que ocultar que Martín Torrijos ha mantenido en el anonimato a sus donantes, convirtiéndose ustedes en cómplices del tráfico de influencias que este encubrimiento pueda generar en perjuicio de la satisfacción de las necesidades del pueblo panameño. Tengo que referirme con mucha indignación a lo señalado por su periódico en la noticia aparecida ayer martes 2 de agosto de 2005. En la referida nota periodística sobre la obligatoriedad de divulgar el origen de las donaciones para las campañas electorales ustedes me acusan implícitamente mediante el siguiente párrafo: "los políticos han rechazado dar los nombres de sus donantes y poner topes al gasto de campaña".Contrario a lo afirmado por ustedes, les recuerdo que entregué personalmente al periódico que usted preside la lista completa de mis donantes y los montos muy moderados de sus contribuciones; mientras que los donantes de Martín Torrijos y los aportes millonarios a su ostentosa campaña son un secreto que a ustedes, en complicidad mal disimulada, pareciera no preocuparles.

Guillermo Endara Galimani, ex presidente de la República.

Opinan sobre la mora judicial en Panamá

. Estoy casi seguro deque el 90% de esos 7 mil 4 presos en detención preventiva en las cárceles panameñas (con hacinamiento y en condiciones insalubres muchas veces) son los presos sin palancas, sin contactos políticos o influencias políticas o sin poder político-partidario, pobres, que no tienen para pagar a un abogado defensor penal, y que están a la espera del beneficio del defensor de oficio, abogado pagado por el Estado.Solamente y en casos muy raros, como el del ahora ex gerente del Banco Nacional Bolívar Pariente, quedan tras las rejas, e ingresan a una de las cárceles que forman parte del sistema carcelario panameño, pero en su inmensa mayoría los delincuentes de cuello blanco en Panamá, aquellos que roban cientos de miles o millones de balboas. Sin embargo, a los acaudalados, a las grandes figuras del mundo político, funcionarios de alto rango y ex altos funcionarios públicos, sindicados de la comisión de distintos tipos de delitos, se les da en "consideración" a sus personas, casa por cárcel, o cuando más, restricción para que no puedan abandonar legalmente el territorio nacional. No sucede así con los delincuentes y criminales comunes y corrientes, "los de abajo", o los que no tienen poder económico ni político. A estos sí que sí les cae, por largos años, todo el peso de la ley penal y las duras condiciones de las cárceles y prisiones panameñas, en espera de juicios que muchas veces, resultan en absolución o no es probado el delito. O porque existe una duda razonable que hace que el juez les declare inocentes y absueltos del delito imputado, sin que puedan reclamar nada al Estado, y sin derecho a recibir indemnización alguna por los daños y perjuicios sufridos.Aun cuando en los últimos años el sistema de juzgados penales y tribunales penales se ha incrementando, con más despachos y más funcionarios adscritos a dichos despachos, sigue dominando la mora judicial o el "tortuguismo" en algunos trámites, mientras que en otros casos o expedientes inexplicablemente no, tanto judiciales penales como civiles patrimoniales, sin razón o justificación, según muchos colegas abogados tramitantes y litigantes.Opino que la posible solución a tal problema no radica en la expedición de nuevas leyes, sino que se cumplan y respeten las leyes ya existentes desde hace mucho tiempo por parte de la autoridad competente, cumpliéndose los plazos procesales y obligando a los funcionarios judiciales y abogados a que hagan su trabajo, por el cual cobran sumas considerables de dinero provenientes del erario público y de los clientes, en el caso de los abogados, no demorando la cosa o no dilatando el tiempo del proceso, sin causa y justificación válida, legal y verdadera. Se trata de actitudes, conductas, manejos impropios e ilegales que nadie arriba o superior jerárquico y con funda mento en la Ley, quiere corregir pudiéndolo hacer perfectamente, cuando se quiere o desea, como ha ocurrido en varias ocasiones anteriores, que son removidos jueces, fiscales, funcionarios por mal manejo o tramitación irregular e ilegal, y por orden del superior jerárquico, tal y como lo manda la ley desde hace tiempo.

Edgardo Velasco

Aclaración nota sobre programas de inglés

.Por este medio hacemos la aclaración que ELS Language Centers y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) en ningún momento fueron contactados con relación al artículo aparecido el viernes 22 de julio de 2005 en el diario La Prensa, titulado: "denuncian irregularidades en programas de inglés".Ambas empresas están licitando para los programas de inglés de MITRADEL y no tienen ninguna relación con la información publicada en esta noticia.Por esta razón, solicitamos que el diario La Prensa emita una nota aclaratoria referente a este artículo publicado.

Alberto Orillac, ELS Language Centers; Dra. Noemí Castillo J., Rectora ULACIT.

El defensor público y la mora judicial

. En la nota "Los abusos del sistema de justicia en Panamá", del 31 de julio, no se menciona cuál es la acción del defensor público. Todo detenido en el Sistema Judicial debe tener derecho a un defensor, sea este público o privado.

Félix A. Young