| SERVIDORES PÚBLICOS.
Recomiendan despenalizar los delitos contra el honor
| LA PRENSA/David Mesa |
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| Jean Marcel Chéry541676 |
Abdiel Zárate
azarate@prensa.com
El delegado especial para la libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo, Guido Rodríguez, recomendó sacar de la esfera penal los delitos contra la protección de la reputación y la honra en los servidores públicos.
De acuerdo con Rodríguez, se necesita adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales que ha recomendado, desde 2000, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sus declaraciones se dan con motivo de la interposición de una querella criminal contra el periodista de este diario Jean Marcel Chéry.
La publicación del 18 de julio, en donde se decía en un párrafo que Spadafora dejó sin efecto una deuda de 2 millones de dólares del empresario Jean Figali, desató la ira de Spadafora, quien interpuso el 26 de julio, a través de su abogado Rogelio Cruz, la querella penal por el delito contra el honor.
Para Rodríguez, esta acción se "traduce en una especie de autocensura de algunos comunicadores sociales, que priva a la sociedad de información valiosa con respecto a la conducta y a la sustentación de las decisiones de los servidores del Estado".
El honor no se restituye con denuncias por calumnia e injuria, sino con acciones honestas, dignas de los cargos que ocupan los funcionarios, expresó el periodista Chéry, tras conocer de la querella criminal en su contra.
Angélica Maytín, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, opinó que los altos funcionarios no deben tratar de intimidar a los comunicadores sociales con este tipo de querellas, porque cuando se asume un puesto público, se sabe que va a ser objeto de críticas.
"Me parece que no se justifica la demanda en este caso. El actual procurador de la Administración, Oscar Ceville, se pronunció en contra del fallo de Spadafora", acotó Maytín.
En tanto, el presidente encargado del Colegio Nacional de Periodistas, César Iván Castillo, señaló que los funcionarios tienen que acostumbrarse a que los periodistas son fiscalizadores de la gestión pública, y que, por lo tanto, serán cuestionados.
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