Denunciar por calumnia e injuria a un periodista que solo cumple con el deber de informar aquello que considera que la ciudadanía tiene derecho a saber, no es más que otro atropello a la libertad de expresión. Pero la situación se agrava si el quejoso, lejos de ser un personaje común, es nada menos que un funcionario.

Ello, porque el solo hecho de cumplir una función pública lo obliga a someterse al escrutinio popular y a rendir cuentas de sus acciones en público.

Eso sería desempeñar el cargo con la hidalguía que el mismo reviste y con la transparencia que se espera de un servidor público. Permitir que un funcionario disfrace, bajo una supuesta ofensa de injuria, la posibilidad de rendir cuentas, no es más que hacernos cómplices de la corrupción. Si no hay nada que esconder, ¿dónde radica la ofensa al honor?