| VENEZUELA.
Contratos petroleros restrictivos
539415Jens Erik Gould
 Cientos de partidarios, vestidos de rojo, del presidente Hugo Chávez de Venezuela rodearon la Asamblea Nacional del país previamente en este año, lanzando vítores hacia una transmisión en vivo del ministro de Energía, Rafael Ramírez, en la que se calificaba contratos con empresas extranjeras del petróleo en términos de ilegales y esencialmente en contra de la nación.
Luego de pasar sus primeros seis años en el cargo luchando por su vida política, Chávez se está aprovechando de un destrozado movimiento opositor para pugnar por incluso otra nacionalista reforma al petróleo.
A lo largo del año pasado, su gobierno ha incrementado de manera unilateral los niveles de regalías, lanzó una enorme investigación de pagos fiscales de la empresa y exigió que las empresas abandonen sus contratos originales y se conviertan a nuevas empresas conjuntas para finales del año.
Ahora, el borrador, que aún no se ha publicado, de uno de los contratos de transición emitido por el Ministerio de Energía para regir la migración de las empresas hacia las empresas conjuntas muestra que al firmar, dichas empresas renunciarían a importantes derechos y beneficios.
Todas las partes involucradas han mantenido silencio con respecto a los puntos específicos de los denominados contratos de transición. Sin embargo, la copia de uno de los borradores, que fue vista por un reportero, muestra que:
El gobierno de Venezuela limitaría las tasas de capital, de operaciones, así como la tasa de interés que paga actualmente a empresas que están bajo los acuerdos de operación, hasta a dos tercios del valor total anual del petróleo crudo producido. El contrato revoca los derechos de las empresas para recibir compensaciones por tasas que superen este límite anual.
Dicho límite impediría a PDVSA, la entidad paraestatal del petróleo, acumular pérdidas, como afirma Venezuela que está ocurriendo actualmente bajo el esquema vigente de pagos, en el cual se calculan las tasas con base en el elevado precio del petróleo.
Se considerarían ilegales los acuerdos existentes, o incongruentes con el marco legal. Algunos en la industria dicen que ellos consideran preocupante aceptar que han estado operando fuera de la ley.
Las disputas contractuales caerían bajo la jurisdicción de las cortes venezolanas, en vez de permitir derechos al arbitrio internacional.
Las nuevas empresas conjuntas están siendo negociadas bajo la Ley de Hidrocarburos del 2001, parte de una extensa legislación aprobada por Chávez que alimentó la ira de la oposición en los días previos al fallido golpe de estado, en el 2002.
En una entrevista, Ramírez dijo que las empresas comprenden que existe un marco legal que debe ser respetado, y que si ellas quieren estar explotando petróleo en un país con una de las mayores reservas en el planeta, ellas tienen que respetar nuestras leyes.
El gobierno argumenta que los 32 acuerdos operativos que actualmente están en vigor, los cuales fueron firmados bajo acuerdos previos, son acuerdos sobre producción de petróleo disfrazados como contratos de servicio y por tanto, violan una ley venezolana que prohíbe la participación de empresas de la iniciativa privada.
Los detractores responden que algunas empresas claramente están actuando como contratistas de servicio porque PDVSA es la propietaria y comercializadora del petróleo que producen intereses extranjeros.
El embajador de Estados Unidos ante Venezuela, William Brownfield, dijo en una entrevista que si bien Venezuela tenía un derecho a gobernar sus recursos naturales como le placiera, también tenían una obligación de respetar los contratos que ya ha firmado, a los cuales entró de manera voluntaria.
De manera similar, coincidieron algunos abogados que estuvieron en un reciente simposio de arbitraje en Caracas: "Si tu me obligas a cambiar mi contrato, entonces no es un contrato", destacó Nigel Blackaby, del bufete internacional Freshfields Bruckhaus Deringer. "Un contrato es un acuerdo".
Ninguna empresa ha anunciado planes con respecto a firmar los contratos de transición. Uno de los abogados que representa a empresas extranjeras del petróleo en Venezuela, quien solicitó mantenerse en el anonimato, dijo que sería toda una sorpresa si las empresas firmaran un acuerdo que disputara la legalidad de contratos actuales.
Sin embargo, las empresas tampoco han manifestado indignación con respecto a la reducción de beneficios.
El presidente de Shell Venezuela, Sean Rooney, no descartó la posibilidad de firmar un acuerdo de transición. "Shell fue proactiva al acercarse al gobierno para hablar acerca de convertir nuestro acuerdo operativo en una empresa conjunta, ya que sentimos que era lo correcto", dijo.
Asimismo, Chevron reiteró su disposición a seguir haciendo negocios en el país. "Con una empresa como Chevron, que ha estado en Venezuela desde hace más de 60 años, nosotros estamos comprometidos con Venezuela", aseguró Ali Moshiri, el presidente de Chevron en América Latina, en una entrevista. "Tan sólo necesitábamos poner en orden algunos de estos asuntos".
Abogados de arbitraje dicen que, en un mundo de limitadas provisiones de petróleo, las empresas tienen muy poca opción salvo por tolerar las condiciones del Estado (venezolano).
"La riqueza petrolífera le ha dado un enorme poder de negociación al gobierno de Venezuela", comentó el anónimo abogado de la industria. "Y lo están usando".
Ramírez ofreció garantías en cuanto a que las empresas no sentían aprehensión con respecto a los contratos de transición.
Cuando le preguntaron si él anticipaba que las empresas petroleras lo firmarán, Ramírez dijo: "algunas, sí; no así otras. Aquéllas que lo hicieran mostrarían buena voluntad", agregó.
The New York Times News Service
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