| dilema.
Credibilidad y justicia
Guillermo Roca Rivas
La Constitución y la ley en Panamá no se cumplen en gran medida por la debilidad e irresponsabilidad de los que manejan los despachos de justicia.
En su espíritu son buenas, pero mal aplicadas convertidas en privilegios para unos cuantos a pesar que la Constitución dice que no existirán fueros ni privilegios para nadie, esto no se cumple.
Esto seguirá ocurriendo mientras los nombramientos y designaciones en estos cargos las hagan de a dedo y por consideraciones políticas, así la justicia y el deber con la patria no se respetarán.
Está establecido que para ocupar un cargo en la Corte Suprema de Justicia o el Ministerio Público se debe contar además de la idoneidad profesional, la experiencia suficiente en el ejercicio de la profesión de abogado, juez, fiscal o cualquiera sea el caso.
Ello constituye un reto muy profundo, si tenemos en cuenta la idiosincrasia del panameño y la ley de la naturaleza humana, presagia que quien hace un favor político, lo cobra en el presente o en el futuro y quien recibe el favor lo paga de inmediato y se compromete para el futuro, por eso es que hemos leído y escuchado tantos fallos aberrantes que tienen escandalizada a la sociedad.
Afortunadamente también hay funcionarios que demuestran interés en trabajar por la buena administración de justicia, sin embargo no cuentan con presupuesto, equipo ni tecnología adecuada, por eso la crítica no puede ser generalizada, pero las críticas contra la corrupción, la lentitud, la politización y el amiguismo son justificadas y dan margen a la incredulidad de los ciudadanos panameños y la desconfianza de los inversionistas extranjeros, tarea prioritaria del gobierno tomar medidas reales y enérgicas contra la corrupción y fomentar la aplicación de la justicia.
Es una lástima que mientras en otros países la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público son entes jurídicos inmaculados, en Panamá son ignominias públicas.
El autor es empresario
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