| JUICIO PENDIENTE.
Arjona justifica investigación a Panahabanos
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
En cada caso polémico, los salvamentos de voto del magistrado Adán Arnulfo Arjona ya se han convertido en la regla y no en la excepción.
Una vez más, el magistrado se opone al criterio de la mayoría –en esta ocasión de la Sala Tercera de la Corte Suprema–, ahora por no querer reconocer las pretensiones de la empresa Panahabanos Cigar Company de obtener una indemnización por daños y perjuicios, cuando todo apunta a que ella –de acuerdo con la investigación de la Contraloría– es la causante de "considerables lesiones económicas" al patrimonio público.
Arjona recalca que a Panahabanos y otras empresas se les otorgaron certificados de abono tributario (CAT) por 9.9 millones de dólares en atención a la "presunta" exportación de puros y hojas de tabaco. "Presunta", porque la Contraloría descubrió que la empresa exportó medio millón de unidades menos que lo declarado.
La información "que brindó Panahabanos a la Comisión Técnica de Incentivos a las Exportaciones no reflejaba la realidad de las exportaciones", cita Arjona.
En su salvamento de voto al fallo que condena al Estado, el magistrado dice que el resto de sus colegas ha quitado importancia al hecho de que Julio Chen Márquez –antiguo representante de Panahabanos– ha sido llamado a juicio por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio y la fe pública.
"Este enjuiciamiento penal versa exactamente sobre la situación acontecida con los CAT emitidos a Panahabanos y las cantidades de productos que esta empresa afirma haber exportado", señala Arjona.
"Esta circunstancia pone de manifiesto que el reclamo dePanahabanos [es decir, la indemnización] está estrechamente ligado a hechos pendientes de esclarecimiento", agregó.
Recuerda también que la propia Contraloría impugnó la resolución en la que la DRP ordenó archivar la investigación a Panahabanos.
Arjona parece haber sido el único magistrado en percatarse de que la DRP no es una entidad autónoma, sino una dependencia de la Contraloría –a cuyos funcionarios no se les citó para declarar en el proceso– pese a ser los llamados a responder por sus actos.
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