| ORDINARIATO.
La libertad de culto peligra para todos
Olga de Obaldía de Díaz
La libertad de culto está bajo asedio en Panamá. Todos los que seamos creyentes y no creyentes debemos exigirles a nuestros gobernantes una medida de respeto por las creencias religiosas individuales e imparcialidad en su gestión. Primero, un legislador propone sin éxito todavía una ley nacional que consagre el mes de la Biblia. Ahora, el Ejecutivo firma un acuerdo con la Santa Sede para dotar oficialmente a la Policía Nacional de sacerdotes católicos, a través de un Ordinariato Castrense, con gastos pagos por el Estado. No son sucesos aislados, vienen del mismo Gobierno y evidencian la notoria confusión de algunas personas entre su derecho como creyentes y su deber como representantes electos.
El problema no sería tan grave si nuestra Constitución consagrara axiomáticamente el derecho humano básico a la libertad de culto y el Estado tuviera una conformación inequívocamente secular a nivel de nuestra carta fundacional. Pero los artículos 35 y 107 de nuestra Constitución lastimosamente no garantizan ni lo uno ni lo otro. El primero supedita la libertad de culto a la moral cristiana y el segundo compromete al Estado y a sus recursos a enseñar una fe particular en los colegios públicos (en este caso la fe católica). Así que tenemos limitado el recurso usual de las sociedades democráticas contemporáneas para defender los ataques a los derechos humanos: demandas de inconstitucionalidad por la vía judicial. Por lo que la discrecionalidad de los representantes electos se torna aún de mayor importancia.
La única manera que un gobierno garantice el derecho humano básico a la libertad de culto de sus ciudadanos es a través de garantizar su propia secularización. La separación de la religión y el Estado no es una casualidad histórica, es un logro de la humanidad que evidencia la evolución del pensamiento primitivo y mitológico al pensamiento racional.
El Estado panameño tiene ya varias instancias en las cuales la discrecionalidad de los funcionarios gubernamentales y representantes electos ha tomado decisiones que favorecen unas religiones por encima de otras. Los criterios aplicados van desde la trayectoria y seriedad de las organizaciones religiosas hasta el apego al argumento de la moral cristiana. Pero lo cierto es que al final del día, no todas las organizaciones religiosas reciben el mismo trato ni se les aplican las mismas leyes en materia de visas para religiosos y exenciones tributarias, entre otros casos.
Los dos ejemplos que nos ocupan, el propuesto mes de la Biblia y el acuerdo con la Santa Sede, erosionan la secularización del Estado y por lo tanto erosionan a su vez la libertad de culto, creando un ambiente de inseguridad para las personas creyentes de cualquier fe y denominación religiosa, incluyendo a cristianos y católicos. ¿Por qué? Porque en el primer caso, en el momento en que el Estado oficialice un texto religioso y haga su lectura obligatoria (que es parte de la propuesta) pierde su imparcialidad y pone en peligro el derecho a la libertad de culto de cualquier ciudadano cuyo texto religioso de elección no sea la Biblia. En el segundo caso, crear un Ordinariato Castrense con fondos públicos también evidencia un Estado parcializado que compromete fondos públicos para fortalecer una religión en particular. Fondos obtenidos de los impuestos de todos los ciudadanos, no sólo de los ciudadanos católicos.
El argumento de que el cristianismo y el catolicismo son las religiones de la mayoría de los ciudadanos panameños no puede ni debe ser utilizado por nuestros representantes electos para justificar estos actos en detrimento de la secularidad del Estado. La razón de ser de una democracia contemporánea es poder garantizar los derechos humanos de las minorías que viven en ella. Si el Estado pierde su imparcialidad ante la pluralidad de religiones que profesamos los panameños, la libertad de culto peligra para todos.
La autora es abogada
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