| MENORES INFRACTORES.LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES.
Cuando la edad es cómplice
En el Centro de Cumplimiento Arco Iris el porcentaje más alto de internos cometió homicidio.
| La Prensa/Demóstenes Angel |
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| Espera justicia. Katia Guerra señala a periodistas de La Prensa el lugar exacto donde ocurrió el accidente que le costó la vida a su hijo.532643 |
Urania Cecilia Molina y Nubia Aparicio
panorama@prensa.com
El 21 de enero del 2003, Katia Guerra, de 30 años, se levantó de madrugada. Se bañó, se vistió e hizo lo mismo con su hijo de tres años, Geovany Vladimir Murillo Guerra. El pequeño tenía una cita médica. Debía ir en ayunas. Katia trataba de mantenerlo el menor tiempo posible sin comer. Quería estar entre las primeras en recibir atención.
Mientras permanecía parada en la orilla de la vía Ricardo J. Alfaro, frente a la Universidad Tecnológica, un BMW que conducía una menor de 17 años, apellido Latorraca, la embistió.
Foto cortesía de Katia Guerra |
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| Geovany Murillo Guerra |
La menor se dio a la fuga. Luego fue ubicada por la Policía Nacional en su residencia en la urbanización La Alameda. Al carro le habían arreglado los golpes y quitado la placa. Testigos del accidente dijeron que la conductora primero le pegó a Katia y la dejó tambaleando, luego aceleró el carro e impactó al niño, quien murió instantáneamente.
Katia permaneció cinco días inconsciente. No pudo asistir al entierro de su pequeño. Sus familiares se encargaron de darle cristiana sepultura, mientras ella se debatía entre la vida y la muerte en un hospital.
Los golpes que recibió la dejaron año y medio convaleciente. Desde el día del accidente y hasta la fecha, han pasado dos años sin que Katia reciba una respuesta a sus gritos por justicia. Su mamá es la única que la ayuda. Corrió con los gastos del hospital y la atendió hasta que se recuperó.
A juicio de Katia, los esposos Latorraca no mostraron la menor compasión por el inmenso dolor que le provocó su hija. Cuando se acercaron a verla fue para decirle que estaban en contra de que Silvio Guerra, abogado penalista, la representara. "Ellos querían pagarme el abogado. Me dijeron que lo que pasó fue un accidente que le podía ocurrir a cualquiera", señaló.
Aún hoy, Katia recuerda con dolor esas palabras, "lo dijeron, porque no era su hija, sino mi hijo el que había muerto", agregó. Al momento del accidente, Zaira de Latorraca, madre de la joven, se desempeñaba como juez municipal.
Mientras Katia espera por justicia, continúa sus estudios universitarios. Está por recibir el título de Licenciada en Contabilidad.
Con hierros y platina en las piernas y brazos, los cuales le colocaron para reconstruirle los huesos, a veces estudiar y desplazarse se le hace difícil. "El frío me provoca dolor y cuando camino las piernas se me hinchan y me canso mucho", comenta.
La Prensa/Maydée Romero |
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| Resocialización. Jóvenes infractores en el Centro de Cumplimiento Arco Iris, en Tocumen. |
El proceso penal contra la joven Latorraca, quien ya alcanzó la mayoría de edad, continúa en los tribunales de justicia; "ellos ponen mil obstáculos para evitar el juicio; ahora el caso está en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, porque siguen apelando y apelando", dijo esta semana Katia, quien no se explica por qué las autoridades "no hacen nada" para que se realice la audiencia.
"Deseo que se me haga justicia y que la condenen, porque no es posible que ella ande por ahí feliz de la vida, como si nada hubiera pasado", dijo.
La joven Latorraca no estuvo detenida. Sigue estudios en la Universidad Santa María la Antigua, donde la mayoría de los estudiantes sabe que es la persona que "atropelló a una señora y a su hijo". Katia está frustrada, piensa que Latorraca no recibe un castigo porque cuando mató a su hijo era una menor de edad y las leyes la protegen. "Además tiene dinero", agregó.
Katia no es la única que piensa que los menores infractores tienen privilegios que no deberían tener, porque cometen delitos graves y quedan impunes. Hay un sinnúmero de quejas al respecto, a tal punto de que la mayoría de la población se ha manifestado a favor de que los jóvenes infractores sean castigados como adultos cuando cometen delitos graves como homicidios. También existen quienes abogan porque los padres paguen por los delitos que cometen sus hijos menores de edad.
Un caso sin precedentes
Hace dos semanas, la Cámara de Apelaciones de Necochea, en Argentina, condenó a dos menores y a sus padres a pagar a la familia de un taxista una suma superior a los 50 mil dólares.
En 1996, los adolescentes mataron a mansalva al taxista. El juez extendió la pena a los mayores, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal de ese país, al presumir la responsabilidad de estos por incumplimiento en los deberes de educación y "vigilancia activa" que tienen sobre los menores. "La culpa de los padres -remarcaron los jueces- consiste en la omisión del consejo oportuno".
Este fallo, que tiene antecedentes derivados de delitos culposos, pero que aparece como novedoso frente a un caso de homicidio, promete abrir un profundo debate en Argentina, dada la cantidad de menores que está imputada en hechos delictivos. Sobre todo porque resalta el compromiso de los padres en la formación de los hijos.
Centro de cumplimiento
Al igual que Argentina, en Panamá se debate sobre en quién recae la responsabilidad de la conducta de los menores infractores.
Si bien en Panamá también existen sectores que abogan por un endurecimiento de las penas a los menores que infringen la ley, hay otros que consideran que solo son víctimas de la sociedad y del entorno en que les ha tocado vivir, por lo que promueven la resocialización.
Para lograrlo, el Ministerio de Desarrollo Social mantiene centros de custodias en diferentes puntos del país y un centro de cumplimiento en Panamá.
Las estadísticas de esta institución revelan que en el Centro de Cumplimento Arco Iris, en Tocumen, hay 81 internos: 73 en celdas comunes, seis en la de máxima seguridad, y dos se encuentran en las cárceles de adultos.
El centro de custodia de Tocumen tiene 82 internos; Residencia Femenina, tres; en el Centro de Custodia en Herrera hay 24 internos; al igual que en el centro de custodia Aurelio Granados de Chiriquí, según informes del Ministerio de Desarrollo Social.
Ricardo Checa, director del Centro de Cumplimiento y con 15 años de experiencia, dijo que cuando los jóvenes llegan al centro lo hacen con un "cúmulo de problemas", entre los que se encuentran baja escolaridad, promiscuidad, infecciones en la piel, enfermedades de transmisión sexual y violencia doméstica.
Al llegar al centro todos son sometidos a una entrevista de carácter general que sirve al técnico para determinar si pertenece a alguna banda de delincuentes o si tiene algún otro problema.
El centro funciona en fases. Existen las fases 1A, 1B, la segunda fase y la tercera fase.
En la primera fase están los que llegan por primera vez y los que no aceptan el tratamiento, "algunos tienen meses en la primera fase y no avanzan", recalcó.
Los internos reciben una atención integral y un plan individual de cumplimiento tomando como base los estudios de psicología y trabajo social.
En el centro existen menores que se conocen como los "jóvenes refractarios", es decir, que entran y salen sin experimentar ningún cambio y siguen delinquiendo.
El principal problema que tienen estos jóvenes es que cuando salen del centro vuelven al entorno que los hizo delinquir y "son arrastrados" nuevamente.
INVERTIR EN LA FAMILIA
Para Checa, la única forma de acabar este círculo vicioso es invirtiendo en la familia.
Su experiencia como trabajador social lo lleva a concluir que el foco del problema es la desintegración familiar y la ausencia de valores.
Dijo que visita los lugares de donde proceden los jóvenes y lo que encuentra es desesperanza, desempleo, hogares desintegrados y todo un menú de problemas sociales.
Dentro de la atención integral y el plan de cumplimiento hay mucha ambición. Se les quiere llevar a la universidad y en algunos casos hasta lo han logrado, pero es para el que quiere hacer el tratamiento, indicó Checa.
Asegura que solo 10% de los jóvenes logra superar sus problemas y reintegrarse a la sociedad.
La educación, la diferencia
Pin es un joven de 17 años. Procede de Chepo y tiene cuatro años de estar en el centro. Está en tercer grado de primaria. Cumple una condena por robo a una gasolinera.
En sus primeros años asistió a la escuela, pero no a estudiar: "Iba a jugar bola", dijo.
Pese a no tener ningún tipo de educación, no fue hasta los 17 años que, influenciado por sus amigos, cometió un robo. Ese día lo detuvieron. Quiere salir del centro para trabajar.
La historia de Non es diferente. Su actividad delictiva comenzó a los nueve años. Nunca asistió a la escuela. "En mi casa todo el mundo robaba", dijo. Su padre cumple condena de 20 años en La Joya.
Fue criado por su abuela en Barraza. A sus 17 años ya tiene una mujer. Asegura que está estudiando para salir adelante. Ahora cursa el tercer grado.
Otro caso es el de "Violento". Tiene 15 años y pertenece a la banda "Nacidos para Matar" de Samaria. Es el menor de seis hermanos y el único delincuente, según contó.
Estudia soldadura y participa en un proyecto de cría de pollo. Al terminar de cumplir su condena debe decidir entre regresar a Samaria o buscar otro lugar dónde vivir, "porque si llego allá voy a tener que cuidarme". Su idea es encontrar un trabajo. La cría de pollo le dará un capital y saldrá con un certificado de soldador.
(Colaboración de Marianella Ferrer).
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