| consigna.
‘¡Ni un paso atrás!’
Kevin Harrington
harrass007@cwp.net.pa
Quienes aconsejaban al presidente Torrijos "corregir" los madrugonazos del Legislativo vía reglamentación, olvidan lo que nos ha traído tal corrupción.
Una ley establece la voluntad del pueblo, y una reglamentación norma su aplicación cotidiana. Antes de 1968, la Asamblea aprobaba una ley junto con su reglamentación, garantizando así que el Ejecutivo sólo ejecute, y que al interpretarla a la Corte no le cupiera duda de lo que había operado en la mente de su legislador. Hoy, con un Legislativo donde pocos piensan y menos piensan más allá de su próxima quincena (y en que los nuevos diputados aceptan que los embarren los viejos norieguistas), sufrimos el caos que resulta cuando no prima la razón.
Verbigracia, la confusión resultante de los decretos-ley Pérez Balladares; tales úkases arropan a toda la economía nacional bajo un manto de inseguridad jurídica. Dicho Ejecutivo los dictó mediante una delegación perfectamente legal, pero que aprovechó para facultarse a sí mismo al mejor estilo fascista su reglamentación. Pese a que la Constitución le manda convalidarlos dentro de 6 meses, a la Asamblea, hoy controlada por el PRD (que por lo visto tampoco cree en la separación de poderes, al endosarle su muerto del Seguro al pobre presidente Torrijos), aún no le ha alcanzado el tiempo para ratificar ni uno solo de esos 9 decretos-ley. No obstante tal negligencia, la Corte Suprema decidió que algunas de esas reglamentaciones no valen, y otras sí, sin decir cuáles no.
Tamaña sinrazón es la que asusta a los inversionistas, para quienes un estado de derecho que funcione es precondición para ayudar a paliar nuestro desempleo, el principal problema de todo país pequeño y que permanecerá mucho después de resuelto el de la Caja de Seguro Social.
El autor es traductor
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