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Apuntes para un diálogo
Olmedo Beluche
El movimiento popular, dirigido por FRENADESSO, ha escrito una de las páginas más gloriosas de la historia panameña, luego de una huelga de un mes y de movilizaciones masivas en todo el país, al lograr que el gobierno de Martín Torrijos suspenda momentáneamente la Ley 17 que reforma la Caja de Seguro Social. Pero este triunfo está lejos de ser definitivo, el escenario se traslada ahora a la mesa del diálogo, de cuyos resultados debemos estar atentos y donde seguro será difícil alcanzar un consenso, pues separan al país dos visiones contrapuestas.
Las diferencias arrancan desde el mismo diagnóstico del problema. Para el gobierno la crisis de la institución se debe a que vivimos más años, cotizamos poco o tenemos muchos beneficiarios. Pero se ha demostrado con cifras que: hasta el 2050 la población en edad de trabajar excede a los pensionados; los beneficiarios promedian menos de 2 por cada cotizante; que las jubilaciones mínimas prevalecen y que las mujeres reciben pensiones inferiores. Las verdaderas causas de la crisis de la CSS son dos: primero, un modelo económico neoliberal que fomenta el desempleo y los bajos salarios; segundo, los abusos contra el sistema cometidos por empresarios que evaden o están morosos y los abusos de los gobiernos que la han esquilmado. Afirmar que la CSS estará en quiebra en 2007 es una falacia que pretende ignorar los mil 800 millones de dólares del fondo del IVM y que seguimos cotizando cada día 600 mil asalariados.
Sobre la base de un diagnóstico apocalíptico y falso el gobierno propuso lo más repudiado de la Ley 17: aumento de la edad de jubilación, de las cotizaciones y la densidad de las cuotas. Con estas medidas, que aumentarán las recaudaciones en 150 millones anuales y bajarán las pensiones los cotizantes pagaremos la crisis creada por gobiernos y empresarios. Frente a estas medidas abusivas, los negociadores de FRENADESSO deben proponer que: se acabe la evasión y la morosidad, que drenan cerca de 200 millones anuales; que paguen los gastos de representación (26.3 millones); que el gobierno pague la deuda previdencial (240 millones anuales); los intereses que paga Banconal al IVM son inferiores al mercado causando pérdidas por 20 millones; que el gobierno reponga lo robado con el programa de viviendas que, sumados los intereses, supera los 600 millones.
Un aspecto especialmente negativo de la Ley 17 es la obligatoriedad de cotizar para los trabajadores informales, sumando entre el 10% y el 13% de sus ingresos, sin que a cambio reciban servicios de salud. Aquí hay que diferenciar a la gente de altos ingresos de los que apenas sobreviven con algún negocito. O el gobierno subsidia a estos últimos o simplemente les mantiene con la afiliación voluntaria.
Otro aspecto clave es el Título V, "Sobre las inversiones". Esta es la verdadera privatización, pues si se aplica la Ley 17, la casi totalidad de los fondos del programa IVM irá a parar al sector privado: 25% a depósitos, 50% en títulos de deuda (incluso extranjera), 15% en valores de empresas privadas y 10% en "valores" de las IFI’s. Hay una gama de problemas relativos a la autonomía de la institución, puesto que ella no existe si los gobiernos nombran a los miembros de la junta directiva y su director general. Los requisitos para pertenecer a la junta directiva, se exige título universitario, el cual muchos dirigentes gremiales puede que no tengan, lo cual los excluye de hecho. En el caso del director se exige además 5 años en administración, lo cual le pone un sello empresarial. No hay que ser genio para saber que un acuerdo frente a estos puntos será casi imposible. Por ello nos parece que las bases gremiales deben acompañar a sus negociadores manteniendo algún grado de presencia en las calles, única garantía de que gobierno y empresarios se muestren dispuestos a escuchar a la contraparte.
El autor es sociólogo
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