| crisis.
¡Basta de opciones fatales!
I.Roberto Eisenmann, Jr.
El gobierno ha mostrado una combinación trágica: por un lado gente con una falta de experiencia política y por otra gente con la experiencia de la imposición autoritaria. Esto nos ha llevado de error en error, adicionado a un hábito de posposición (por ejemplo: anunciar un Diálogo entre gente disgustada y presionada, sin anunciar quién lo facilitará, con qué metodología y quiénes estarán invitados, para que "la semana entrante" se inicie.
Todo lo arriba descrito ha puesto al país en situación de afrontar dos opciones fatales.
Por un lado, cambios por consenso a una Ley sin la cual según ellos se pondría a la Caja en situación de quiebra en pocos años y, al no poder pagar a los jubilados, se crearía una bomba social. La bomba social crearía una bomba en el sector financiero nacional, lo cual pondría al país en situación de inviabilidad, o sea una opción desde todas luces fatal.
Por otro lado, la opción de prolongar la crisis con una continua falta de manejo político que está llevando al país al desastre, condenándonos a tener un gobierno mortalmente herido por cuatro largos años más, irremediablemente pospondrá cualquier programa de desarrollo económico de la nación, todo con consecuencias fatales. Hace unos días atendí a un amigo oriundo de Europa Oriental. Me dijo "hace dos meses estuve aquí y el país tenía un interesante crecimiento económico, había una explosión de turismo y de turismo residencial. Los extranjeros compraban propiedades como si estuvieran en un baratillo. La construcción crecía dramáticamente. El optimismo de la gente era contagioso. La expansión del Canal parecía una gran promesa. Regreso 60 días más tarde y encuentro un desastre… ¿qué les pasó? Por amor a Dios, explícame ¡qué les pasó!
Pienso que estamos frente al orgullo personal de muy poca gente. El gobernante no puede postergar la vigencia de la Ley por 90 días "porque eso es asunto de la Asamblea"... ¡qué torpeza!; quien dio un madrugonazo puede dar otro. Además, dicen allegados al gobierno que "eso sería darle la victoria a Genaro y su combo".
Yo pregunto ¿qué estamos jugándonos aquí?, ¿el orgullo presidencial o el futuro de la nación panameña?
Pregunté a un hombre conocedor de la política con muchos más años que yo, si recordaba un caso histórico en que un gobierno hubiera aceptado posturas de un movimiento popular….y cómo había quedado el gobierno pos-crisis. Me respondió que recordaba el movimiento de protesta al Tratado Filós-Hines; en ese caso incluso había compromiso internacional envuelto, así que era más complicado. El Movimiento de protesta popular se inició con poca gente de izquierda (el Frente Patriótico y el Partido del Pueblo) y, por una torpeza de la Policía casi todo el país salió en manifestación y no aflojó hasta que la Asamblea cambió su rumbo y rechazó el Tratado. El gobierno aceptó la voluntad de los que protestaban y ¿qué ocurrió con el gobierno de Enrique Jiménez? no solo no se debilitó sino que se fortaleció y el país no cayó en manos comunistas. Hoy a nadie se le ocurre recordar a Enrique Jiménez como un gobernante débil ni fracasado.
Tal como lo ha escrito Álvaro Vargas Llosa en su reciente libro Rumbo a la Libertad, el Estado en América Latina debe en un acto de extrema humildad política aceptar la impotencia de la coacción en el campo del progreso humano.
Tome nota, señor presidente: ya esto no es costo político suyo; esto es costo institucional de la nación democrática. No piense en su orgullo personal. Piense en la nación y no le tenga miedo a la libertad. (la ciudadanía en su conjunto siempre sabrá mejor que los genios políticos que asesoran al Presidente hacia tantos errores seguidos, qué es lo que más le conviene).Hay que postergar la vigencia de la Ley con otra ley, y entrar en un diálogo legítimo y genuino que produzca una ley que salve a la Caja y la paz social que urgentemente se necesita para que el país se vuelva a enrumbar hacia el progreso económico y social.No hay otra, el país no puede continuar entre opciones fatales.
El autor es presidente de la Fundación para la Libertad Ciudadana
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