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La ley de la Caja y nuestro futuro
I. Roberto Eisenmann, Jr.
Ya el Presidente en un conversatorio público que debería hacerse costumbre mensual (sin arreglo previo y quizás con un solo periodista distinto cada mes para lograr seguimiento a las respuestas) aceptó varias veces que se equivocó en el método; bien. Ahora, ¿qué hacer con la Ley? Este lunes que acaba de pasar el Presidente citó a un diálogo nacional por 90 días, comprometiéndose a presentar a la Asamblea nuevas leyes reformatorias de consenso; no lo creo suficiente para calmar al país. Debería haberse suspendido a través de otra Ley la vigencia de la Ley durante los 90 días de diálogo... para que entonces un ente independiente e idóneo, con metodología comprobada , tal como el PNUD, que ya tiene un camino recorrido en materia de consenso en seguridad social, se encargase de convocar a los representantes de todos los sectores de la sociedad en busca de un consenso sobre las modificaciones a la Ley o , por lo menos, lograr la aprobación de esta por parte de una mayoría.
No hay duda de que una Ley de 200 artículos que pretende cambiar totalmente algo tan complejo como la seguridad social, y que no fue enriquecida con un debate legítimo, tiene por fuerza que estar llena de errores y asuntos demasiado negativos, que nada tienen que ver con los ajustes paramétricos que extienden de 15-35 años la vida de la Caja (dependiendo de el comportamiento de la economía).
Así las cosas, ahora tenemos que ir a el diálogo y debate que debieron darse antes del madrugonazo.
Muchas cosas se pueden corregir en la reglamentación, y para otras necesarias se puede producir otra Ley que reforme la Ley 17, si se produce un consenso o mayoría nacional sobre la necesidad de hacerlo.
¿Que cuáles cosas pueden o deben cambiar?, les mencionaré una sola negativísima: la forzosa aportación del trabajador "independiente", quien debe aportar 11.5% y luego del 2010 el 13% de su ingreso bruto, sólo para cubrir el riesgo de Vejez sin derecho a prestaciones médicas. Supongo que Orville Goodin y Marianela Morales, quienes escribieron el articulado en la Ley, estarían pensando en abogados, arquitectos, ingenieros, etc, o sea, las profesiones liberales. Sin embargo, terminaron metiendo en el mismo churuco a todos los microempresarios(as) informales del país, quienes también son "independientes".
Como en MiBANCO estamos todos los días trabajando con los microempresarios e incluso asesorándolos a medida que crecen para que se vayan formalizando, sabemos sin temor a equivocarnos que este articulado tiene consecuencias negativísimas para el país, tal cual describo a continuación.
Primero: se golpea a los pobres, que con base en un esfuerzo extraordinario se van sacando ellos mismos de la pobreza; es un sin sentido absoluto, contrario incluso al programa de gobierno.
Segundo: aún si todos los microempresarios y empresarias (en este caso las mujeres son mayoría) dijeran mañana "vamos a cumplir con la nueva Ley", el efecto sería que la gran mayoría quebraría en cuestión de meses pues el promedio de su margen de utilidad está entre 10% y 25%; así, con un gravamen de 13% del ingreso bruto estarían pagando entre 50% y 100% de su margen bruto, o sea que esto se convierte en un impuesto confiscatorio a los que menos ganan; otro sinsentido absoluto.
Tercero: el efecto práctico de todo este sinsentido es que se incentivara una corrida mayor hacia la informalidad, ya que el que no declara renta no paga nada. Si hoy la informalidad es un problema, mañana con este articulado de la Ley se multiplicará geométricamente la economía informal creando la llamada "economía negra" porque para sobrevivir será necesario mantenerse por debajo del radar de los cobradores de impuestos. Finalmente, ¿qué ocurre con un crecimiento mayor de la economía informal?, un correspondiente crecimiento de la criminal corrupción a esos niveles. El funcionario del Corregimiento que llega adonde el microempresario(a) y dice "¡conque no estás pagando el 13%! ; eso te puede costar hoy mil dólares en multas pero yo te lo arreglo por 100 para que no te molesten"… y esos 100 para ese microempresario pueden representar la ganancia de una semana, y este criminal acto de corrupción se repite cada vez que el funcionario necesita plata.
En conclusión: este solo caso requiere solución inmediata, a lo mejor a través de otra Ley reformatoria antes de que produzca un brutal golpe a los más necesitados y al país.
Así como este deben existir muchísimos otros ajustes necesarios sin que se reduzca la vida de la Caja a la que hay que mantener viable, pase lo que pase.
Ya esta crisis dejó de ser un costo político para el Gobierno; se ha convertido en un costo institucional inaceptable para la nación democrática.
Por eso le toca ahora al Gobierno someterse a un diálogo legítimo y genuino con toda la sociedad, y luego de resuelta la crisis jamás volver a atreverse a legislar a espaldas de la ciudadanía, que ya no elige mandones sino gobernantes para que logren la vital gobernabilidad que requiere una nación moderna y justa.
El autor es presidente de la Fundación para la Libertad Ciudadana
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