Panamá, viernes 20 de mayo de 2005
 
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CRISIS.

La justicia nuestra de cada día

Magaly J. Castillo C.

La falta de credibilidad en algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia está provocando una crisis que no sólo afecta al sistema de justicia sino a toda la institucionalidad democrática del país. Hemos llegado al punto en el que se sospecha de todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia, sin importar si el mismo contó con el voto de la mayoría de los representantes de esta máxima corporación de justicia.

Cualquier abogado, periodista, ciudadano o ciudadana sin conocer el contenido del expediente o sin profundizar en los elementos que llevaron al juzgador a tomar una decisión, se siente con la suficiente capacidad y autoridad para cuestionar los fallos y decisiones de la Corte Suprema, al margen de los principios del debido proceso. Los medios de comunicación y las unidades investigativas de algunos medios escritos realizan juicios paralelos y los líderes de opinión se convierten en los juzgadores de los magistrados, jueces y fiscales.

Estas opiniones de dirigentes políticos y de los abogados de las partes que se divulgan diariamente a través de la prensa escrita, la radio y televisión panameña, algunas bien intencionadas y otras respondiendo a intereses particulares o políticos, nos hacen sentir en medio de un "linchamiento" que alienta la idea de tomarse la justicia por sus propias manos. Esto es totalmente peligroso, ya que sabemos dónde comenzamos pero no dónde terminamos.

Ahora bien, todo este relajamiento en el que nos encontramos, crece en medio de esa desconfianza en la Corte Suprema de Justicia, fundada en varios acontecimientos que los ciudadanos no podemos sacar de nuestra memoria: los escándalos de sobornos de funcionarios públicos en el proceso de ratificación de los magistrados Spadafora y Cigarruista y la posterior decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular todo lo actuado y ordenar el archivo de esta investigación.

A estos dos acontecimientos debemos unirle las recientes insinuaciones que hizo el magistrado Arjona contra el resto de los magistrados, que provocaron que un grupo importante de organizaciones de sociedad civil pidiera la renuncia de todos los magistrados. Esa petición ciudadana precisamente obedecía a que el país no puede seguir con una Corte Suprema de Justicia desacreditada.

Independientemente que hayan o no actuado al margen de derecho en estos casos y en otros conocidos, lo cierto es que más del 80% de panameños y panameñas no creen en el máximo organismo de justicia.

Pero cómo salir de esta crisis, si los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia no comprenden la magnitud del deterioro que ellos mismos le han ocasionado a la imagen del sistema de justicia. Por otra parte, no pareciera que existen pruebas para enjuiciarlos por faltas a la ética o por la comisión de hechos delictivos y en caso de que existieran, se atrevería la Asamblea Nacional a juzgarlos?

Frente a todo este panorama nos queda insistir en la renuncia de los magistrados que fueron nombrados en medio de un escándalo de sobornos y esperar pacientemente a que se le venza el periodo al resto de los magistrados, para luego renovar este órgano del Estado de acuerdo a un mecanismo participativo y alejado de los intereses político partidistas, que definirá la Comisión de Estado por la Justicia.

No debemos crear falsas expectativas sobre la Comisión de Estado por la Justicia, ya que ésta fue creada para promover la reforma judicial y no resolverá la crisis de credibilidad que enfrenta la Corte Suprema, ni le corresponde cuestionar los fallos de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión de Estado por la Justicia tiene una función que cumplir y estoy convencida que dará sus frutos en materia de reforma legal para mejorar la eficiencia del sistema de Justicia, sin embargo no debemos esperar que los integrantes de los otros órganos del Estado representados en esta comisión quieran emitir opinión sobre lo que acontece en el Órgano Judicial. Es decir, que aun cuando la Comisión de Estado por la Justicia realice un excelente trabajo, la Corte Suprema de Justicia seguirá con una deuda pendiente ante los ciudadanos.

Mientras tanto, debemos acostumbrarnos a los juicios paralelos y a los abogados que actúan en la defensa de sus representados a través de los medios de comunicación, en algunos casos desinformando a la opinión pública. Aunque también podemos prepararnos para hacer un monitoreo serio y responsable de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y orar para que los magistrados recobren la sensatez y permitan la reapertura de la investigación del caso CEMIS-Escogencia de magistrados, aclaren las insinuaciones hechas por el magistrado Arjona y corrijan todos los obstáculos que han puesto en la investigación de hechos de corrupción, donde están involucrados personalidades políticas o con poder económico y quizás de esta manera volvamos a recobrar la confianza en la Corte Suprema de Justicia.

La autora es Abogada

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