Órgano Legislativo.

Sin prisas inicia semana de trabajo en la Asamblea

Anoche, el pleno se declaró en sesión permanente para discutir el informe del ministro de Economía y Finanzas.

Dos proyectos que aumentan las penas por hurto pecuario serán fusionados en la comisión legislativa respectiva, en busca de que una sola norma sancione con prisión, de hasta 12 años, a quienes sean culpables de cuatrerismo.

Uno de los proponentes, el diputado Marcelino Mudarra, aseguró que los delitos de esta naturaleza han aumentado en los últimos cinco años, por lo que se requieren sanciones más fuertes.

La otra iniciativa, promovida por el diputado Elías Castillo, pretende que el hurto pecuario y de aves de corral tenga sanciones mucho más severas, a través de la reforma del artículo 184 del Código Penal.

De concretarse esta fusión, la norma propondrá sanciones de entre seis y ocho años de prisión cuando el hurto sea de una o más cabezas de ganado, aves de corral, insumos, maquinarias, equipos, instrumentos o productos destinados a la explotación pecuaria, hortícola o agrícola, así como el incremento de esta pena de 8 a 12 años de cárcel en caso de que el hurto sea perpetrado por dos o más personas y se realice "al amparo de la noche", o cuando implique adicionalmente el sacrificio de los animales.

La comisión legislativa de Gobierno añadirá a estas dos iniciativas una tercera, que sancionará el robo de vehículos y los bienes del patrimonio histórico nacional.

Sesión plenaria

Mientras, anoche fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca acabar las prácticas anticompetitivas en la prestación de los servicios públicos. La iniciativa correspondió al diputado opositor del partido MOLIRENA Wigberto Quintero.

El proyecto busca evitar que las empresas que ofrecen el uso de los servicios públicos realicen acuerdos individuales o con sus competidores para imponer los precios por la prestación de dichos servicios, o que condicionen la compra o venta de sus bienes.

Según Quintero, el aumento de las tarifas por la prestación de los servicios públicos es producto de las prácticas anticompetitivas, que no permiten mejorar la calidad de los servicios y ofrecer precios más bajos.

La propuesta consta de ocho artículos y establece multas de entre 20 mil y 200 mil dólares a quienes incurran en estas prácticas.

Al cierre de esta edición, el pleno se declaró en sesión permanente para discutir y aprobar el informe sobre la Cuenta General del Tesoro que sustento el ministro de Economía y Finanzas, Ricaurte Vásquez, ante la Comisión de Hacienda Pública el pasado 31 de marzo.

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