Panamá, martes 10 de mayo de 2005
 
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LEY 25 DE 1990. GOBIERNO NO HA DADO INFORMACIÓN A LA CIDH.

Panamá incumple sentencia

La Corte le dio a Panamá 12 meses para cumplir el fallo. Han pasado cuatro años y aún no hay respuesta.

Abogadas del CEJIL verificaron la situación de los derechos humanos en Panamá.

LA PRENSA/David Mesa
. Las abogadas Gisela de León y Marcela Martino.
Marcos Castillo
mcastillo@prensa.com

Panamá podría ser demandado nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La razón: el incumplimiento de la sentencia del 2 de febrero de 2001 que condenó al Estado a pagar a 270 trabajadores –destituidos al inicio del mandato del presidente Guillermo Endara– los montos correspondientes a los salarios caídos y demás prestaciones laborales.

Así lo informaron las abogadas Gisela De León y Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) –una de las más prestigiosas organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicada a la protección de los derechos humanos en la región– quienes visitaron Panamá la semana pasada.

"Panamá ha incumplido reiteradamente su compromiso... el gobierno de la señora Mireya Moscoso fijó el pago basado en cálculos que fueron rechazados por los trabajadores y el gobierno de Martín Torrijos no ha brindado la información solicitada por la Corte, habiéndose vencido el plazo para cumplir con dicha solicitud el pasado 1 de abril".

Ese mismo día, el Gobierno envió a la CIDH una nota en la que indicaba que se comprometía a nombrar una comisión que revisara los reclamos de los trabajadores. Nada más.

En consecuencia, las abogadas del CEJIL explicaron que vigilarán el cumplimiento de esta nueva promesa ya que, de lo contrario, "habrá una nueva demanda ante las instancias del sistema interamericano".

Las representantes de CEJIL dejaron Panamá el pasado viernes, después de reunirse con grupos promotores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y gremios profesionales. De estas reuniones, las abogadas del CEJIL se llevan varias preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Panamá. "Hemos recibido denuncias de despidos masivos de funcionarios, deficiencias en la administración de justicia, inquietudes por temas migratorios y la situación de los refugiados colombianos en Darién", señaló Marcela Martino.

Otro caso pendiente ante el sistema interamericano es el del abogado Santander Tristán, que fue objeto de una demanda por calumnia e injuria por parte del ex procurador José Antonio Sossa. Se informó que si la CIDH fallara en contra de Panamá, se tendrá que revisar la legislación vigente sobre delitos contra el honor, la calumnia y la injuria. La CIDH ha fallado en casos similares contra Paraguay y Costa Rica.

Otro caso que mantiene a Panamá en la mira del sistema interamericano de protección de los derechos humanos es el de los desaparecidos durante la dictadura militar. El Gobierno ha señalado que solo se atenderán los casos que hayan agotado las instancias internas; sin embargo, las abogadas del CEJIL estiman que en la mayoría de estos casos se actuó con negligencia y se cometieron irregularidades como no practicar pruebas fundamentales para la investigación. "Todas estas acciones son atribuibles al Estado panameño que, además, ha tenido una posición incongruente", agregaron las abogadas.

Tanto en el caso de Heliodoro Portugal como en el de Tristán, CEJIL está a la espera del informe de fondo de la Comisión Interamericana, para proceder a demandar nuevamente a Panamá ante la CIDH con sede en San José, Costa Rica.

Las abogadas del CEJIL vendrán nuevamente a Panamá en septiembre próximo.


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