| ECUADOR. presunta malversación de fondos públicos durante su gestión.
Gustavo Noboa, bajo arresto domiciliario
El ex presidente alega que la orden es "injusta" e "ilegal", porque sólo la Corte Suprema puede tratar su caso.
| EFE/Guillermo Legaria |
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| Foto del año 2003 del ex presidente. |
QUITO, Ecuador. /Servicios internacionales
El ex presidente de Ecuador Gustavo Noboa se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de ser procesado por una presunta malversación de fondos públicos durante su gestión, confirmaron ayer el ex mandatario y funcionarios gubernamentales.
Noboa, de 67 años, regresó a Ecuador el 3 de abril, tras 19 meses de asilo en la República Dominicana, una vez que el ex presidente de la Corte Suprema (CSJ), Guillermo Castro, anuló los juicios instaurados en su contra, argumentando fallas en la realización del proceso penal.
Castro y los otros 30 jueces de la CSJ fueron destituidos por el parlamento de 100 miembros el pasado 17 de abril debido a que fueron instaurados en diciembre violando normas constitucionales por facciones legislativas adeptas al ex presidente Lucio Gutiérrez.
La Fiscalía General, amparándose en la resolución legislativa, desconoció las disposiciones de la polémica CSJ y ordenó el arresto de Noboa —quien gobernó el país entre enero del 2000 y enero del 2003— , en medio de dudas sobre la capacidad del organismo para adoptar esta decisión. "El señor Noboa creía que la ley no era para él ¡Qué pena!", dijo a un canal de televisión el ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, al confirmar su detención. Mientras, Noboa dijo ayer a EFE que la orden de arresto es "injusta. Asevera que dicha orden es "ilegal" porque sólo la Corte Suprema de Justicia puede tratar su caso.
Ecuador no tiene actualmente CSJ, por lo que el parlamento prepara un mecanismo legal para seleccionar a sus miembros.
Noboa descartó abandonar el país e insistió que su detención era política debido a que cualquier anulación del dictamen resuelto por Castro debía ser adoptada por la nueva CSJ.
El ex mandatario es acusado de haber usado ilegalmente títulos de deuda externa por 168,6 millones de dólares para capitalizar bancos estatales y cancelar obligaciones con un banco de inversiones extranjero.
En ambas operaciones se habría producido un perjuicio estatal de 91.2 millones de dólares, principalmente por haberlos vendido por debajo del valor nominal de los títulos.
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