| política económica.
Reformas y ampliación del Canal
Olmedo Beluche
De todo lo dicho por el gobierno para justificar la reforma fiscal recientemente sancionada, hay una cosa cierta: en Panamá los ricos no pagan impuestos. La evidencia de ello es que más del 60% de lo recaudado cada año por el Impuesto sobre la Renta procede de los asalariados y no de los que más ganan, los empresarios y las grandes compañías transnacionales.
La burguesía panameña cuenta con infinidad de leyes y contratos que les exoneran de tributar lo que debieran. Baste mencionar como ejemplo las exoneraciones de que gozan las empresas portuarias, que son de las más rentables, y que seguirán manteniéndose pese a la reforma fiscal. Y, cuando los empresarios no están exonerados recurren a diversos trucos contables para evadir, llegando incluso a declararse constantemente en "quiebra" o a las llamadas "Fundaciones".
En los casos en que empresarios y transnacionales no pueden evadirse del pago de impuestos, como en el caso del IRMA, todavía les queda como recurso último trasladar el peso del impuesto a los consumidores con un alza descarada de los precios de productos y servicios. Con lo cual, los trabajadores terminamos pagando, indirectamente, los impuestos de los ricos.
Para este tipo de trampa, o robo, la reforma fiscal del PRD-Martín no dispone de ninguna medida preventiva, con lo cual ya ha empezado (un año antes de tributar con las nuevas reglas) el alza acelerada de los productos de primera necesidad, como se ha visto obligado a reconocer el propio padre de la reforma, el ministro Catín Vásquez.
Entonces, en última instancia, seremos los trabajadores y los pobres quienes acabaremos pagando el alza de los impuestos que debiera pagar la burguesía.
Es más, el peso de los nuevos impuestos recaerá sobre la clase media panameña, pues el gobierno ha mantenido el criterio neoliberal inaugurado con la reforma de Guillermo Endara a inicios de los años 90, de equipar las tributaciones de los que más ganan con la clase media.
Habría que preguntarse además, cuál es el objetivo real de la reforma fiscal. Si el objetivo fuera redistribuir la riqueza usando los nuevos impuestos para inversiones públicas y la creación de empleos por parte del estado, hasta podría pensarse que la reforma tiene algo de positivo. Pero la propia reforma dispone la reducción de la planilla estatal a las cifras anteriores a 1999, lo que significa despidos masivos de decenas de miles de funcionarios públicos.
En un país donde el sector privado se ha demostrado crónicamente incapaz de crear fuentes de trabajo, esos despidos sólo pueden significar hambre y desempleo para miles de familias panameñas, e indirectamente, una contracción mayor de la actividad económica.
Todos sabemos que la reforma fiscal no surgió como una propuesta nacional para fomentar un plan de desarrollo que cree fuentes de trabajo. La aprobada reforma fiscal es una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI) y así aparece en los documentos de esta institución al igual que otras medidas antipopulares que el gobierno quiere imponer este año, como: la reforma a la Caja de Seguro Social (privatización), otra reforma al Código de Trabajo, etc.
El objetivo de esta reforma es mejorar las cuentas del estado panameño, no para resolver los problemas sociales, sino para seguir pagando la deuda externa a los bancos que nos saquean, e incluso prepararnos para duplicar esta deuda con un proyecto nefasto y no discutido con el pueblo panameño, pero reconocido indirectamente por Catín Vásquez: la ampliación del Canal.
Sí, el objetivo de la reforma fiscal está asociado con la anunciada ampliación del Canal, proyecto para el cual ya se ha definido una fecha de mediados de noviembre de este año para someterlo a referéndum, sin que los panameños lo conozcamos hasta ahora.
La intención es que el pueblo panameño financie la ampliación del Canal asumiendo nuevos empréstitos, los cuales pagaremos empeñando los ingresos del estado y del propio canal, para beneficio de las transnacionales navieras (pro mundi beneficio) y las empresas constructoras nacionales.
Por ende, el Canal seguirá sin servir al desarrollo nacional, que fue el motivo que llevó a nuestros mártires y a sucesivas generaciones populares a luchar por la soberanía.
Por estas razones, el pueblo panameño debe rechazar las próximas imposiciones neoliberales, como la reforma de la Caja de Seguro Social, del Código de Trabajo y la Ampliación del Canal. El movimiento sindical y popular tiene la obligación de organizar cuanto antes una Coordinadora de Lucha y un plan de movilizaciones.
El autor es sociólogo
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