Panamá, viernes 8 de abril de 2005
 
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ejemplo.

Juan Pablo El Grande, la política y Panamá

Enrique Arturo de Obarrio

Juan Pablo II ha sido uno de los más grandes líderes morales en la historia de la humanidad; un santo en vida, quien nos hará muchísima falta. El merecido descanso que le ha permitido el Creador, muy a su lado, nos permitirá a nosotros ahora tenerle como intercesor, y también como guía y modelo por su filiación divina, la heroicidad de sus virtudes, y sus firmes posturas, profundas y extensas enseñanzas que nos regaló a lo largo de su pontificado.

Por ejemplo, el Santo Padre fue muy firme y claro en la atención de relevantes temas, entre ellos la política, en función de la clase gobernante y su enorme responsabilidad y vocación de servicio. Lo que ha sentenciado Su Santidad tiene toda vigencia hoy día en nuestro Panamá, cuando por un lado las encuestas muestran el 94% de percepción de corrupción en el sistema de administración de justicia. Por otra parte, hemos visto cómo miembros del órgano del Estado encargado de juzgar a los magistrados, arropándose en tecnicismos jurídicos y formalismos, muy alejados de una actitud proactiva y patriótica, deciden olímpicamente archivar las denuncias, en vez de proceder por ejemplo con una auditoria integral y transparente de expedientes con fallos en los que un magistrado ha salvado su voto, dejando entrever públicamente que las decisiones obedecieron a actos de corrupción.

Ante la gravedad de la situación, lejos de actuar para los mejores intereses del país, un diputado del partido en el poder se va más allá, y con relación a la crisis de credibilidad de la Corte Suprema de Justicia manifiesta que se trata de "un profundo sensacionalismo", denunciando que "un grupito" de personas intentaron dar un golpe a la institucionalidad del Estado y que, según él, "se quería atentar contra el orden democrático del país".

Muy por el contrario, es claro que ese "grupito" de personas es todo un pueblo que está llegando al agotamiento de sus niveles de tolerancia ante el flagelo de la corrupción que va destruyendo la fibra moral de la nación, y que va acabando con la institucionalidad democrática; es claro que ese "grupito" de personas es un pueblo que sí piensa en los mejores intereses del país; es claro que ese "grupito" de personas es un pueblo que acusa a parte de la clase político partidista que, por empecinarse en encubrir actos de corrupción, demuestran que poco les importa este país ni tampoco las clases más necesitadas.

Ese "grupito" de personas en el cual orgullosamente me encuentro, nos vemos profundamente motivados a seguir luchando por el adecentamiento de nuestro país, cuando con satisfacción vemos que en Panamá el máximo pastor de la Iglesia que representa la religión de la mayoría de los panameños, está en la primera línea de esta Cruzada Moral por el Adecentamiento de la Administración de Justicia, y rechaza los señalamientos de uno de los actuales magistrados, que se atrevió a decir que la Iglesia está impedida de opinar y participar en esta materia, pues se trata de un tema de "carácter político", cuando todos sabemos y entendemos bien que el tema de la corrupción en el sistema de administración de justicia, mucho más que un tema político, más que un tema jurídico, obedece a un problema de carácter moral y, por ende, es un tema que compete a todos los panameños, sobre todo a la Iglesia.

Ese "grupito" de personas al que aludía el diputado de gobierno, y algunos de los actuales magistrados, somos panameñas y panameños que ciertamente representamos a un porcentaje muchísimo más alto que un grupito de hermanos nuestros (este si es un grupito de verdad, en el órgano judicial y el legislativo), que en función pública están acabando con este país, y con la institucionalidad democrática que dicen defender.

A ese grupito de personas, conviene recordarles palabras sabias de Su Santidad Juan Pablo II, cuando afirmaba que "La actividad política debe realizarse con espíritu de servicio...", que el que actúa en política "ha de trabajar desinteresadamente, no buscando su propia utilidad, ni la de su propio grupo o partido, sino el bien de todos y cada uno y, por lo tanto, y en primer lugar, el de los más desfavorecidos de la sociedad", que "la preocupación esencial del hombre político tiene que ser la justicia", que "El servicio político pasa a través de un diligente y cotidiano compromiso, que exige una gran competencia en el desarrollo del propio deber y una moralidad a toda prueba en la gestión desinteresada y transparente del poder".

Yo exhorto, con la mayor humildad, a aquellos servidores públicos de los órganos judicial y legislativo que en la actual coyuntura están en capacidad de realmente servir a nuestro país, a que lo hagan de una buena vez, y que tengan muy en cuenta los criterios que nos regaló Juan Pablo II en este sentido, y para mayor fortaleza acudan a su intercesión.

Enhorabuena, el Presidente de la República en un acto que le enaltece ha elevado el tema a política de Estado, empeñando su palabra mediante un Pacto de Estado por la Justicia y el establecimiento de una Comisión de Estado. Ese era el paso firme en la dirección correcta hacia la solución de la crisis de funcionamiento del sistema mediante una reforma integral y modernización, y aportes importantes han hecho el sector privado y la sociedad civil en ese sentido. Pero ello no resuelve la crisis de credibilidad actual, mucho menos con la actuación de algunos magistrados y de algunos diputados.

A lo que aspiramos es a que se devuelva a la ciudadanía la confianza en la justicia, y que cualquier acción encaminada con ese noble y vital objetivo tenga real viabilidad y posibilidades de éxito, muy por encima de cualquier pacto de no agresión que pudiera existir, por ejemplo, con relación al caso CEMIS.

El autor es presidente de APEDE
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