medición.

Lo positivo y lo negativo de las encuestas

Como iniciador -en los años de la pera- de las encuestas públicas de La Prensa, siento mucho orgullo por el desarrollo profesional que han alcanzado las hechas por Dichter & Neira, y la forma tan seria como las ha manejado La Prensa. Incluso, el proceso de la formulación de preguntas es serio y pasa por varios filtros para asegurar que no tengan sesgos de ninguna ìíndole.

Al inicio recibimos constantes trompones de todos los que no creían o veían conspiraciones para favorecer o dañar al político A o B, pero poco a poco con el correr de los años, y lo certero de las predicciones de las encuestas, tirios y troyanos llegaron a respetar la seriedad profesional de las encuestas de este medio.

El proceso de encuestas tiene como virtud democratizar aún más el sistema político debido a que cada encuesta es una especie de referéndum sobre temas de gobierno o de estado. Es decir, la voz de la ciudadanía se escucha no sólo una vez cada cinco años sino todos los meses, a veces todas las semanas.

No pretendemos que los gobernantes elegidos por la soberanía popular lo hagan según encuestas, pero sí es importante para los gobernantes y los políticos de Oposición saber por dónde anda la opinión de la ciudadanía respecto a temas específicos.

Ahora bien, quiero en este artículo hacer una crítica al formato habitual de las encuestas. Se trata de la medición de la percepción de eficacia, o más bien de popularidad de los ministros y otros ejecutores públicos. En los orígenes de la república los ministros tenían el título de secretarios, tal como todavía se titulan en otros países, incluido Estados Unidos. Ciertamente la palabra "secretario" describe mejor su tarea: son secretarios del presidente en un área específica de ejecución. Como ciudadanos lo que nos interesa saber sobre los secretarios o ministros es cómo va la ejecución del Plan de Gobierno en su área específica de trabajo. ¿Es un secretario o ejecutor eficaz? Esto se hace midiendo o monitoreando la realidad del cumplimiento del trabajo que se le ha encomendado, no la opinión o percepción pública o popularidad acerca de su persona. A nadie le interesa si el secretario o ministro es popular o no; es más, medir su popularidad le hace daño al país porque entonces los ministros se dedican a sus relaciones públicas personales y no a trabajar ejecutando los programas del presidente y, además, desata el bichito presidencialista en muchos ministros eliminándole coherencia al Gabinete, adelantando prematuramente la política, y afectando la efectividad del gobierno en su respuesta a la ciudadanía.

Cómo medir la ejecución, ya la fórmula está inventada. En Visión 2020 se creó un "visionómetro" y con el apoyo del PNUD de Naciones Unidas hubo un grupo de funcionarios interagenciales que desarrolló una metodología seria y científica de medición. Para ser eficaz debe comunicársele la información a un ente externo al gobierno, para darle credibilidad al Boletín de ejecución.

Si el gobierno dice que lo está haciendo bien, se trata de relaciones públicas y nadie cree esos cuentos sesgados; si lo dice un ente externo, la gente creerá y los gobernantes sufrirán menos frustración. Además, el presidente tendría un magnífico instrumento gerencial de monitoreo para medir la eficacia de ejecutoría de sus secretarios. Puede llamar a su amigo o aliado político (el ministro "X") y decirle "te quiero mucho, tu partido es importante para mí, pero el Boletín externo dice que no estás cumpliendo; lo siento, pero a otra cosa". El presidente Torrijos inició con una nueva Secretaría especial que está a cargo de Ebrahim Asvat, un comprobado ejecutor por excelencia. Le falta ahora buscar un ente externo y ordenar a sus secretarios producir y entregarle a este funcionario la información. Mientras, sugiero eliminar por completo la encuesta de popularidad de secretarios o ministros, que no tiene valor alguno y además hace daño al país.

La sociedad tiene el instrumento y está dispuesta a ponerlo a funcionar. En la Presidencia existe la Secretaría requerida. Sólo necesita de la decisión presidencial de

nombrar un ente externo que lleve el "visionómetro" y sus instrucciones a sus secretarios o ministros de proveer mensualmente la información requerida.

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