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CORRUPCIÓN. HOY IRÁN A JUICIO 57 PERSONAS POR EL DESFALCO DE 1.6 MILLÓN DEL BNP.
Una estafa millonaria y silenciosa
24 funcionarios del BNP y otras 33 personas cambiaban cheques de clientes del banco y luego se repartían el dinero.
Durante las investigaciones se mencionó a altos ejecutivos del banco, pero la fiscalía nunca los vinculó al delito.
| LA PRENSA/David Mesa |
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| José Antonio Garzón, el ex cajero del Banco Nacional que resultó ser el principal implicado en el desfalco de ese banco. |
José Otero
jotero@prensa.com
Una organización delictiva, conformada por 57 personas, entre funcionarios, abogados, particulares y hasta una menor de edad, que operó de manera silenciosa durante dos años para estafar 1.6 millón de dólares del Banco Nacional de Panamá (BNP), enfrentará finalmente la justicia.
La red de delincuentes que será llevada a juicio en el Juzgado Primero de lo penal de Panamá estaba integrada por panameños, colombianos y un mexicano. Dos particulares sindicados en este proceso también son vinculados a un caso de estafa en perjuicio de la Dirección de Aduanas.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Primera Anticorrupción y auditores de la Contraloría General de la República y del propio banco afectado dan cuenta que el grupo estaba compuesto por 22 particulares, entre ellos tres abogados, además de 11 pasantes de siete bufetes de abogados y 24 funcionarios de cinco diferentes sucursales del BNP, entre los que se incluyen 11 cajeros, nueve supervisores, una contadora, una oficinista y dos gerentes de operaciones de sucursales. Entre los enjuiciados no hay ningún alto funcionario del banco. Aunque durante las investigaciones se mencionó a varios ejecutivos, la fiscalía nunca vinculó sus nombres con los delitos cometidos.
La fiscal primera anticorrupción, Cecilia López, solicitó el llamamiento a juicio para 41 de los implicados, a quienes le formularon cargos por los delitos contra la administración pública, la fe pública, la seguridad colectiva y la economía nacional (lavado de dinero). López solicitará en esta audiencia el sobreseimiento provisional de 15 encausados y la liberación total de cargos para uno de los acusados.
La mayoría de los acusados goza de medidas cautelares.
EL DESCUBRIMIENTO
Los indicios del desfalco comenzaron cuando la firma Illueca Abogados presentó una queja ante el subgerente de Operaciones del BNP, Galileo Ferrabone, por un cheque de 9 mil dólares que fue depositado en la sucursal de la Avenida Central el 20 de noviembre de 2002 y para cancelar impuestos de un clientes.
El funcionario respondió la queja el 25 de marzo de 2003, admitiendo que había irregularidades, por lo que ordenó una investigación.
Un día antes, el 24 de marzo, José Antonio Garzón, cajero de 18 años en la entidad que recibió el cheque de 9 mil dólares, presentó su renuncia "por problemas de salud".
La pesquisa determinó que con el cheque de Illueca se adquirieron dos cheques de gerencia del BNP, uno de 3 mil 504 dólares, a nombre de Juan Carlos A. Ríos, cambiado por Rafael Quintero, cajero del banco. El otro cheque de gerencia, de 4 mil 179 dólares, fue depositado por Elisardo Osses en una cuenta de ahorros en la Caja de Ahorros a nombre de Marisol Medina, concubina de Garzón. Con el resto, unos mil 317 dólares, se pagó una parte de los impuestos del cliente de Illueca Abogados.
Los lujos y líos de Garzón
Nadie en el BNP, al parecer, se percató de los lujos de Garzón, quien únicamente ganaba 548 dólares mensuales. Él era propietario de dos automóviles BMW y de dos residencias.
A juzgar por sus recibos de compras, su tiempo libre lo pasaba comprando joyería en casas de empeños. Sus compras en almacenes parecían no tener límites.
Para tratar de aplacar las consecuencias de sus acciones, Garzón se presentó a las oficinas de Illueca el 27 de marzo de 2003 con la intención de devolverles el dinero que le fue sustraído al bufete. Fue acompañado de una persona que se identificó como Raúl Morales, quien dijo ser, primero, abogado de Garzón y luego su compañero de trabajo.
Según declaró Morales en esa reunión, pretendía "limpiar el buen nombre de su cliente". Quizá para justificar el comportamiento de Garzón, Morales dijo que su "cliente" era "un enfermo psiquiátrico bajo tratamiento".
Garzón propuso a la firma pagar la "deuda" a plazos, pero el bufete se negó.
Durante las investigaciones se descubrió que solo las operaciones de Garzón causaron la desviación de más de 225 mil dólares de clientes del BNP, según Eduardo Acosta, supervisor del Departamento de Auditoría de Operaciones.
El 3 de abril del 2003, Donatilo Ballesteros, en aquel momento asesor legal del BNP interpuso la denuncia penal de este caso. Sin embargo, un mes después Ballesteros presentó renuncia a su cargo en el banco, luego de que dos de sus hijos fueran involucrados en este acto delictivo.
La querella criminal en ese momento incluía a Garzón, su concubina, Marisol Medina; al cajero Rafael Quintero, quien llevaba más de 20 años en el banco, así como a personas que cambiaron los cheques de gerencia comprados con el producto del cheque de Illueca Abogados, entre ellos, Juan Ángel Ríos y Elisardo Osses.
No obstante, según las investigaciones que hizo el Ministerio Público, la actividad de Garzón apenas era la punta de un iceberg. Existía una extensa red de cajeros y funcionarios del banco, así como personas ajenas a la institución, que se dedicaba a la estafa.
MODUS OPERANDI
Aunque se identificaron seis diferentes modos de operación, generalmente la estafa comenzaba cuando Garzón seleccionaba los cheques certificados en favor del Tesoro Nacional destinados para pagar impuestos. Todo se hacía con la mayor discreción.
Los documentos eran entregados a una persona de nacionalidad mexicana, identificada como Javier, que, a la vez, contactaba a Marcos Alfaro, un cajero de la sucursal del BNP en Los Pueblos, con más de 17 años de laborar en la institución.
La oficinista Lizett Lemm Obando, quien laboraba también en Los Pueblos, igualmente recibía cheques de mano del mexicano, siempre envueltos en papel periódico.
Cuando los cheques eran por montos inferiores a mil dólares, se cambiaban en Los Pueblos. Sumas más elevadas se hacían efectivas en Plaza Edison, porque la sucursal no contaba con cámaras.
Los cajeros involucrados fraccionaban la cuantía de los cheques girados a favor del Tesoro Nacional comprando cheques de gerencia hasta cubrir su monto total. Luego, el contador aprobaba la operación sin los requerimientos exigidos por el banco.
El reparto del dinero le tocaba a Alfaro, quien pagaba el 10% del total a los cajeros y contadores y el 5% a los mensajeros implicados.
El resto del dinero se repartía entre los cabecillas. Cuando se trataba de montos elevados, el dinero se depositaba en cuentas personales. La banda, según las investigaciones, realizaba estas operaciones hasta cuatro veces por semana. Al final de las sumarias el monto sustraído llegó a 1 millón 600 mil dólares.
Por último, surge el nombre del abogado Emilio Sinclair, quien es acusado por de pedirle a la red 100 mil dólares para sobornar a los altos ejecutivos del BNP y evitar que el caso llegara a los tribunales.
En enero de 2004, el entonces fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera ordenó la detención de Sinclair, quien se mantuvo encarcelado hasta marzo de este año, cuando fue beneficiado con una medida cautelar de casa por cárcel, por quebrantos de salud.
El abogado Sinclair ha señalado que Herrera usó su cargo de fiscal para "pasarle la factura". Sinclair había recusado en ocasiones anteriores a Herrera por otros procesos penales en los que ambos habían actuados en partes opuestas.
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