seguridad jurídica.

Cuando la prudencia es la mejor consejera

Ante la experiencia del empresario francés que acaba de ganar un arbitraje al Gobierno Nacional por más de 32 millones, se requiere que los funcionarios del Estado actúen apegados a la ley; son los dineros del Estado los que están en juego, por lo que quienes pueden afectar tan necesarios bienes deben actuar con la mayor prudencia posible. En ese caso se pudo transar por 6 millones de dólares pero, como decimos los panameños, nadie le paró bolas al europeo y, ahora, de no pagar lo que ganó en un proceso arbitral, estaremos en aprietos con la Unión Europea que, al igual que Estados Unidos, ejerce mucha presión cuando se trata de proteger a sus ciudadanos cuando se vulneran derechos adquiridos y se atenta contra la seguridad jurídica de sus inversionistas, cambiando las reglas cada vez que hay un cambio de gobierno.

Han entrado en vigencia las reformas fiscales. La última semana de marzo estuvo plagada de toda clase de preocupaciones entre empresarios y auditores; se preguntaban si se aplicaría la ley y se respetarían opiniones de las autoridades de ingresos anteriores o simplemente se impondrían las de los nuevos jefes, teniendo como norte la mayor recaudación de dinero. Como si el país hubiese nacido de nuevo el pasado 1 de septiembre y todo lo anterior, careciese de valor alguno. Aunque se diga lo contrario, las reglas del juego han cambiado sustancialmente, a pesar de que dijimos quienes apoyamos al actual mandatario y ayudamos en la elaboración de sus propuestas que se garantizarían la seguridad jurídica y la transparencia, herramientas básicas para atraer y mantener la inversión extranjera.

Para muchos, más que una reforma fiscal nueva, bastaba que el Gobierno -del signo que éste fuera- cobrara los impuestos que se dejan de pagar, como lo son los del 5% y los que se van por el contrabando con que algunos siguen viviendo. Bastaba con que se pusieran firmes con las casas grandes para recuperar los más de 100 millones anuales que se van de las arcas del Estado y que se quedan en las manos de los bellacos que se dedican a la venta ilícita de lotería. Bastaba que comenzaran a cobrar los tantos millones que le deben conductores irresponsables que nunca cancelan las multas que les imponen. Bastaba que el Gobierno se parara firme contra quienes se beneficiaron con concesiones dudosas tal como lo está haciendo en el caso de Panamá Ports, pero que no lo hace con Cable & Wireless, empresa ésta que se lleva desde 1997, antes de repartir dividendos con el Estado y los ex trabajadores del INTEL, más de 14 millones anuales, producto de un contrato de operación y administración que nunca fue publicado en la Gaceta Oficial y, por lo tanto, nunca pudo nacer a la vida jurídica. Ahora que veo que dicha empresa patrocina el equipo de fútbol nacional y es parte de la campaña de cambiar armas por comida, las esperanzas de que cumplan con la ley como que se disipan más. Bastaba con comenzar a poner orden con las exoneraciones de vehículos de los legisladores -tal como con mi socio Víctor Martínez- solicitamos en una denuncia de bien oculto, pero que al igual que en el anterior gobierno, con éste también parece que nunca prosperará.

Sin embargo, muchas cosas que pensábamos se harían, como aprobar rápidamente una ley para recompensar a quienes denunciaran evasiones de impuesto -tal como se incluyó en el plan de gobierno- no se han hecho. Ante la inexistencia de acción en los expedientes de los ex gobernantes que tanto se dijo que se les encarcelaría por lo tanto que habían despilfarrado para poner un contundente ejemplo, vemos cómo la ciudadanía se tiene que resignar a olvidar conociendo el caso de una pobre joven encontrada muerta en el patio de un hotel, cuando lo que esperaba es ver a tres bellacos enfrentados a la justicia por lo que hicieron con los bienes públicos a ellos confiados en el gobierno anterior. En estos momentos de austeridad la prudencia debe ser la mejor consejera de los funcionarios públicos con mando y jurisdicción, para evitar que casos como el del ciudadano francés se vuelvan a repetir y, por el apuro de recaudar dineros para el fisco se violenten derechos adquiridos y vuelva el gobierno actual, así como el anterior, por la incapacidad y la prepotencia de algunos, a verse obligado a pagar cuantiosas sumas de dinero a quienes sienten que su seguridad jurídica ha sido vulnerada y le presenten nuevos casos de arbitraje al Gobierno Nacional.

• Cuando mueren los principios, muere la justicia: Carlos A. Voloj Pereira
• La ira de los mansos: Ramiro A. Vásquez Chambonett
• Los delitos contra el ambiente: Giovanni E. Olmos Espino
• Cuando la prudencia es la mejor consejera: Guillermo A. Cochez
• Remedios a la criminalidad: Eliécer Augusto Pérez