Panamá, miércoles 6 de abril de 2005
 
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Inseguridad.Defensor del Pueblo pide investigación.

Exigen liberación de cinco miembros de ONG secuestrados en el Chocó

Presidente Uribe ordenó recientemente a la fuerza pública ocupar conflictiva zona.

AP
Un residente abandona San José de Apartadó luego de que comenzaran a llegar los policías.
BOGOTÁ, Colombia / DPA

El defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez, reclamó la inmediata liberación de los cinco integrantes de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, secuestrados el pasado viernes por un grupo armado ilegal aún sin establecer en el departamento de Chocó (este).

El funcionario rechazó el secuestro y reiteró a los grupos armados ilegales que ese tipo de acciones contra la población civil son prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). "La desaparición de este grupo de activistas de derechos humanos, hace aún más crítica la situación en la región. Reitero que este tipo de acciones contra la población civil están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario", señaló Pérez.

El funcionario también hizo un llamado a las autoridades para que investiguen a la mayor brevedad los responsables del rapto. El secuestro se produjo en momentos en que los miembros de la vecina Comunidad de Paz de San José de Apartadó (noroeste) iniciaron su desplazamiento a otra región ante la llegada de agentes de la policía a ese caserío.

Las comunidades de paz son poblaciones que se declaran neutrales frente al conflicto y por eso no dan información ni permiten la presencia de ninguno de los actores armados.

El 21 de febrero, 10 personas fueron torturadas y asesinadas por desconocidos en Apartadó. Entre los asesinados figuran tres menores de edad, entre ellos un bebé de 18 meses, y Luis Eduardo Guerra, un reconocido líder comunitario.

Mientras los pobladores de esa región, representantes de la comunidad y varias ONG acusan de la matanza a soldados de la Brigada 17 del ejército, el gobierno y los militares señalan a las FARC como los responsables.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, le ordenó recientemente a la Fuerza Pública que ocupe esa conflictiva zona.


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