| Negociaciones. EL gobierno no logra torcerle el brazo a la empresa.
Panama Ports se mantiene firme
Las reuniones se encuentran empantanadas. Para el Gobierno, la equiparación es ilegal.
‘No podemos decir que llegaremos a un acuerdo’, explicó el ministro de Comercio, Alejando Ferrer. Guido Bilbao
gbilbao@prensa.com
Tras cuatro días de reuniones febriles, las negociaciones entre el Gobierno y la empresa Panamá Ports se encuentran en un punto muerto.
La empresa insiste en defender la equiparación que recibió durante la administración de Mireya Moscoso, que le permitió dejar de pagar un canon anual de 22.2 millones de dólares por la explotación comercial de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Para el Gobierno, sin embargo, la equiparación que otorgó el entonces ministro de Comercio Joaquín Jácome, es absolutamente ilegal.
Al menos así lo explicó en conferencia de prensa Alejandro Ferrer, ministro de Comercio, quien hizo un informe de las negociaciones con Panamá Ports antes de viajar a Singapur para sembrar el terreno de cara a un tratado de libre comercio con esa nación.
"Este gobierno no firmará ningún acuerdo que legalice la equiparación. Eso es algo que tenemos claro y que la empresa entendió", sentenció Ferrer.
En las reuniones participaron representantes legales de la empresa y altos mandos del Gobierno, como el propio Ferrer y el vice ministro de Economía, Rolando Mirones.
Sin embargo, estas reuniones, según Ferrer, solo serían para acercar posiciones mientras que las negociaciones formales no se darían hasta las próximas semanas. "No podemos decir cuánto durarán estas negociaciones. Tampoco que, al finalizarlas, lleguemos a un acuerdo. Pero sabemos que no sería bueno que se prolongaran demasiado", analizó el ministro.
Lo cierto es que las discusiones están trabadas en un punto crucial. Los representantes de Panama Ports dicen que la infraestructura que la empresa recibió del Estado era obsoleta. Que para volverla útil y hacer funcionar un puerto de contenedores debieron hacer inversiones millonarias.
"Esa postura para este gobierno es inaceptable", explicó Ferrer. "Por eso mismo, la próxima semana una comisión técnica trabajará para saber cuál es el valor de la infraestructura que recibió la empresa. Solo después de saber el valor de los activos, podremos hablar con certeza de las tarifas".
La resolución del conflicto parece lejana. La empresa aún no descarta llevar el problema ante un arbitraje internacional.
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