Panama Ports Company (PPC) ha gozado de cuestionados privilegios al ser beneficiada, por el pasado gobierno, con la mal llamada "equiparación". El pago de un canon anual, más un porcentaje de los ingresos, fue la razón por la cual el Gobierno nacional le otorgó en concesión –por encima de los otros interesados– las facilidades portuarias más importantes del país. Pero el gobierno de Moscoso avistó el negociado y de un plumazo liberó a la multinacional de pagar mil 200 millones de balboas. PPC sigue administrando los puertos de Cristóbal y Balboa, lucrando abiertamente, mientras las argucias legales le sirven a la Corte Suprema (¡dónde más!) para mantener intacta tal desfachatez. Las arcas del Estado fueron privadas de importantes recursos y los contribuyentes terminamos aportando la diferencia, al tiempo que la multinacional acumula ingresos. Solo la anualidad que debió pagar PPC al Estado podría ser equivalente al monto que ahora se le descuenta a los gastos de representación de los profesionales. Ese es el costo de la corrupción, trasladada directamente a los bolsillos de los panameños.