INCUMPLIMIENTO. FAMILIARES DE ASESINADOS Y DESAPARECIDOS RECLAMAN INDEMNIZACIONES.

El Gobierno cierra las negociaciones

Los deudos de las 110 víctimas reclaman al Estado una indemnización de 50 millones de dólares.

En el cementerio El Marañón, en la isla de Coiba, se hallaron 16 restos humanos con signos de torturas.

Durante la reunión del pasado 2 de marzo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno cerró las puertas a toda posibilidad de llegar a una solución amistosa en lo referente a la indemnización de los familiares de los desaparecidos y asesinados del régimen militar.

Maritza Maestre, presidenta del Comité de Familiares de las Víctimas, dijo que el actual gobierno tampoco cumplió con el plazo que le dio el CIDH para que –hasta ayer– nombrara a su representante para participar de las negociaciones para indemnizar a los familiares.

Maestre explicó que en la reunión llevada a cabo en Washington, Estados Unidos, no participó Aristides Royo, embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y en su lugar acudió Nisla Lorena Aparicio, una funcionaria de tercera categoría sin facultades para tomar decisiones.

Aparicio, que representaba al Estado, se limitó a leer un documento en el que decía que únicamente negociarían los casos en los cuales se hubiera agotado la vía interna, dijo la dirigente del Comité.

Al respecto, Alberto Almanza, presidente de la Oficina de Seguimiento de la Comisión de la Verdad, calificó el hecho como otra burla del actual gobierno hacia los familiares de los desaparecidos y asesinados durante el régimen militar.

Añadió que a pesar de ello, la Oficina de Seguimiento seguirá apoyando a las víctimas de la dictadura y que, aun cuando el Estado no asigne a su representante para que participe en las negociaciones sobre este tema que se desarrollará en Panamá, a partir de la próxima semana, "la lucha continúa".

Gabriel Miró, integrante del comité, dijo que no buscan "ayuda ni regalos, sino un derecho ganado, y que se haga justicia".

Los familiares de los 110 desaparecidos y asesinados reclaman al Estado una indemnización por el orden de los 50 millones de dólares.

Almanza indicó que están solicitando al Ministerio Público que realice pruebas de ADN a 16 restos humanos encontrados en el cementerio El Marañón, en la isla de Coiba, los cuales pueden pertenecer a algunos desaparecidos, entre ellos al sacerdote colombiano Héctor Gallego.

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