| CRISIS. Alianza Ciudadana analiza el pacto por la Justicia.
Gobierno logra firma de acuerdo
El 77% de los participantes en la encuesta dijo estar al tanto de la crisis que atraviesa la Corte Suprema de Justicia.
Lina Vega Abad y
Cynthia
Sánchez
planas@prensa.com
| LA
PRENSA/Maydée Romero |
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| Las cabezas de los tres órganos
del Estado, Jerry Wilson, Martín Torrijos y José Troyano, crearon
una comisión con el propósito de hacer la agenda para la reforma
judicial. |
Los rumores en torno a la posibilidad de que el Gobierno buscara una salida a la crisis surgida la semana pasada en la Corte Suprema de Justicia, se confirmó ayer con la firma del "Pacto de Estado por la Justicia".
El pacto, cuyo depositario será el Comité Ecuménico, crea una comisión de Estado, con el objetivo de definir –en seis meses– "una agenda para la reforma judicial".
En el acto de firma del pacto, realizado ayer en el Palacio de las Garzas, el presidente de la República, Martín Torrijos, afirmó "que no se trata de una comisión para estudiar un tema...", sino "de un acuerdo solemne... para devolverle a la ciudadanía la fe en la justicia".
La comisión estará integrada por representantes de los tres órganos del Estado, de las procuradurías de la Nación y de la Administración, de la Defensoría del Pueblo y del Colegio de Abogados.
Los firmantes del convenio invitaron también a los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia para que integren la comisión.
Al respecto, la directora ejecutiva de la Alianza, Magaly Castillo, confirmó que habían sido invitados a firmar el documento al que, además, le habían hecho aportes. Sin embargo, explicó Castillo, los miembros de la Alianza consideraron que el acuerdo podría confundir a la ciudadanía, en momentos en que se investigan las acusaciones contra varios magistrados de la Corte. "La mayoría de las observaciones que hicimos al pacto fueron consideradas por el Ejecutivo, pero teníamos dudas sobre la oportunidad del acuerdo, ya que hay denuncias muy graves contra varios magistrados de la Corte y no queríamos que ese acuerdo se prestará para confusiones, ni para opacar las investigaciones", explicó Castillo.
La directora de la Alianza agregó que la organizaciones que representa habían solicitado hace un año la firma de un pacto para colocar el tema de la justicia y la necesidad de su reforma en la agenda de Estado.
Por ello, agregó Castillo, en los próximos días los miembros de la Alianza analizarán la posibilidad de ingresar a la comisión creada ayer.
El Pacto de Estado por la Justicia busca, entre otras cosas, realizar cambios en la estructura de organización, en los procedimientos y en la normativa del sistema de justicia, "para lograr un Órgano Judicial y un Ministerio Público independientes, eficientes y competentes".
Igualmente se propone cambiar la forma como se escogen los magistrados de la Corte, con el fin de lograr "mayor transparencia".
En su discurso, el presidente Torrijos calificó de "inaplazable" la reforma del sistema de administración de justicia pero, aclaró, el proceso debe hacerse respetando la institucionalidad.
En ese sentido, el magistrado presidente encargado de la Corte, José Troyano, fue categórico al afirmar que no renunciará. "El que quiera mi puesto que espere dos años cuando culmina mi período", alegó Troyano.
La posición del magistrado contrasta con la opinión de los encuestados por LatiNetwork Dichter & Neira, que mayoritariamente han expresado su deseo de profundos cambios en la justicia panameña.
Así, además del 94% de los participantes en la muestra que consideran que hay corrupción en la Corte, el 62.5% de los entrevistados cree que los fallos de los magistrados "no son independientes del poder político".
Por otro lado, frente al 63% de los panameños que consideran que los magistrados deben renunciar, el 70.5% teme que el oficialismo tome el control de la Corte.
Los encuestados no apoyan la permanencia de ninguno de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (ver recuadro).
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