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Que se queden los Magistrados
Gilberto Sucre
En muy poco beneficiaría a la administración de justicia y a la gobernabilidad del país la renuncia de los nueve Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su reemplazo por otros escogidos, según expreso mandato constitucional, por el Presidente de la República, con la obvia venia de su Consejo de Gabinete y la ratificación en la Asamblea Nacional por la segura mayoría de diputados de su propio partido.
Pasan de ingenuos quienes piensan que el Presidente escogerá, de entre los miles de abogados que cumplen los requisitos de Ley, a los nueve jurisconsultos más apropiados para ejercer el cargo, que además estén dispuestos a aceptarlo, si los mismos no son de su aquiescencia.
También faltan de presuntuosos quienes exigen que el Presidente escoja los Magistrados de ternas presentadas por los gremios, asociaciones o fundaciones de la llamada "sociedad civil", término inventado en la ONU para contraponerlo a la llamada "clase política".
Cuando al Presidente Torrijos se le presentó la oportunidad de nombrar a un Magistrado en la Corte, y luego de nombrar al Procurador General y al Procurador de la Administración, ni consultó a la sociedad civil ni buscó ternas, sólo pidió parecer a su conciencia y a quienes más le pareció prudente. Igual hicieron en su momento la Presidenta Moscoso, el Presidente Pérez Balladares y el Presidente Endara en su segunda ronda de nombramientos, pues al inicio del actual período democrático en 1989, en el que sí se justificó plenamente pedirle la renuncia a los Magistrados de la dictadura, consultó y acató las sugerencias de muchas personas y sectores compenetrados con el tema.
Y está muy bien que así sea. Mientras no se cambie el sistema, quien ejerza la Presidencia de la República tiene todo el derecho de escoger libremente a los Magistrados que le toque nombrar en su período, y lo único que debemos esperar del mandatario es que escoja personas honradas, capaces para ejercer el puesto y dispuestas a hacerlo como es debido.
Amén de regatearle al Presidente el ejercicio de su derecho constitucional se pretende imponerle al candidato variopintos requisitos y condiciones, tantos como proponentes de los mismos hay. Entre tales, el de no militar en un partido político como si todos los inscritos en ellos fueran pecadores y en cambio virtuosos todos los militantes de la "sociedad civil". Que no hayan detentado cargo público en los últimos años, como si todos los servidores públicos fueran pillos y en la "sociedad civil" no los hubiera. Que provengan de la "sociedad civil", donde supuestamente reina la pureza, no importa si se trata de una asociación realmente representativa y familiarizada con el tema o de una creada a la imagen y semejanza de sus organizadores. Que se les nombre de por vida, para regocijo de los aspirantes jóvenes y desconsuelo de los que calificaron para la "Ley Faúndes". Tampoco faltan, quienes exijan que los Magistrados provengan del propio Órgano Judicial, desconociendo así que el problema en la administración de justicia viene desde muy abajo resultando en proporción menor a medida que se asciende en la jerarquía judicial. Gracias a Dios a nadie se le ha ocurrido todavía proponer elecciones populares de jueces y magistrados como se acostumbra parcialmente en otros Estados.
El problema no es de personas sino de instituciones y de actitudes. Mientras no se le introduzcan reformas profundas al sistema judicial y cambien sus actitudes juzgadores y juzgados poco se habrá ganado. Hasta entonces, prefiero que se queden los Magistrados.
El autor es abogado
Además en opinión
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