| JUSTICIA.’PARAS’ Y ESTADO EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS.
La CIDH comienza audiencia por masacre en Colombia
Representante del gobierno colombiano alega que no se han agotado los recursos internos.
SAN JOSÉ, Costa
Rica / AP
| AP |
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| . De izquierda a derecha las abogadas
Viviana Krsticevic y Roxana Altholz representan en la audiencia a los familiares
de las víctimas de la masacre. |
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició ayer lunes una audiencia pública por la masacre de unos 49 pobladores del municipio colombiano de Mapiripán supuestamente perpetrada por paramilitares con la colaboración del ejército.
Al arrancar la audiencia, la representante del Estado colombiano, Luz Marina Gil García, indicó que mantiene su alegato referido a la falta de agotamiento de los recursos internos.
"Han sido condenados oficiales... que obraron de manera individual y fuera de las políticas del Estado", expresó Gil García al destacar además que el gobierno colombiano favorece "la promoción y protección de los derechos humanos".
La representante estatal continuó con la solicitud de " perdón a los familiares de las víctimas y a la sociedad colombiana" aunque indicó que eso no representa el reconocimiento de una responsabilidad penal.
Durante la audiencia, que se extenderá hasta hoy martes, brindarán testimonio cinco testigos a los que se protegerá la identidad, "pues se encuentran amenazados y con medidas provisionales de protección", explicó Roxana Altholz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Cejil representa a los denunciantes junto con el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"A pesar de los testimonios y decisiones judiciales, el Estado aún no ha querido esclarecer el tema, hay militares sentenciados que tuvieron conocimiento de la masacre", manifestó por su parte Eduardo Careño, del Colectivo.
La demanda se refiere a una aparente matanza ocurrida entre el 15 y 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán perpetrada por más de 100 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes habrían tenido colaboración del ejército.
Las víctimas fueron torturadas, degolladas, descuartizadas y luego sus cuerpos lanzados al río Guaviare, todo con el fin de conquistar tierras dominadas por la guerrilla.
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