FOTO DENUNCIA Desechos e irresponsabilidad

PRENSA|Víctor Arosemena.

Basura El área de Panamá Viejo está invadida de desechos sólidos, incluso es fácil observar electrodomésticos, juguetes, llantas, camas, etc. Lamentablemente esto es irresponsabilidad ciudadana, pues usan los sitios históricos y turísticos para botar su basura. Esto conlleva dos consecuencias negativas: que un punto turístico se convierte en un "pataconcito" y, lo más grave, que con las lluvias sin duda habrá inundaciones.

Sería una renuncia nefasta para el país

La caricatura de Las Garzas de Wilfi del domingo 6 de marzo encierra una realidad que ha escapado de varios titulares y columnas de Hoy por Hoy de La Prensa en los últimos días: de renunciar los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quedaría exclusivamente en manos del presidente, Martín Torrijos y su siempre obediente y nada transparente Asamblea Nacional la designación y aprobación de sus correspondientes reemplazos.Es cierto que los escándalos de la actual Corte nos abochornan cada día más. Pero hasta que no se reforme la Constitución para que el nombramiento de los magistrados sea un proceso abierto, con reconocimiento de méritos y sin amiguismos, politiquería, nepotismo ni corrupción, la salida de los nueve magistrados representaría un peligro para la democracia, sentando las bases de una nueva dictadura del PRD. ¿O es que acaso queremos que otras Sandra Noriega sean designadas por el presidente como magistradas de la Corte?

Ana M. de Díaz

En desacuerdo con artículo

Estoy en total desacuerdo con la opinión de I. Roberto Eisenmann, Jr. emitida en el artículo de opinión del viernes 25 de febrero: "Alentadora sorpresa para el mundo". No encuentro nada alentador en el resultado de una guerra promovida con un solo y claro objetivo: petróleo.Para saber si hay algo de alentador deberíamos preguntarle a las personas que perdieron a sus hijos, madres, padres, hermanos y amigos en esta guerra, que lo único que no llevo fue democracia, como se dijo.Por otra parte, no sé quién, cómo y cuándo se le dio el poder al Gobierno de Estados Unidos (EU) de decidir e inmiscuirse en los problemas de las demás naciones. Será que si en un futuro Panamá decide expandir el Canal con la Unión Europea deberíamos aceptar que EU haga valido el tratado de neutralidad alegando que la decisión pone en riesgo la "democracia" panameña y por lo tanto la inestabilidad en el país.Nosotros sabemos lo que es ver violada nuestra soberanía, con la excusa de la democracia. Lo vivimos el 20 de diciembre de 1989, cuando los estadounidenses invadieron nuestro país. En esta invasión lastimosamente hubo miles de muertos civiles de El Chorrillo y en otros lugares populares del país no pudieron vivir esa libertad de la que se hablaba.

Omar A. Espinosa

Réplica a noticia sobre extracción ilegal de tosca

Deseo referirme a la noticia "Evaden pago de multas por extracción ilegal de minerales", aparecida en la edición del martes 22 de febrero del 2005.Se indica en la noticia que a la sociedad Aropecuaria S.A., de la cual soy presidente y representante legal, se le impuso una multa de 10 mil dólares por razón de un supuesto retiro ilegal de minerales. El respeto que tengo por el derecho de sus lectores a saber la verdad de los hechos me obliga a esta rectificación de la citada noticia.A finales del año 2000, cuando construía el Corredor Sur, la empresa ICA manifestó al suscrito su deseo de extraer tosca de los terrenos de propiedad de Aropecuaria S.A. para dicha obra.

Luego de consultas, le manifesté a los contratistas que no teníamos interés en dicha venta, ya que aún no se nos había otorgado el contrato de concesión correspondiente, que fuera solicitado al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) el 16 de septiembre de 1997. A nuestras aseveraciones la empresa respondió que su contrato con la Nación referente a la construcción del Corredor les daba a ellos el derecho a solicitar la expropiación del predio circunstancia, accedimos a la extracción, dejando claramente estipulado que ICA conseguiría las autorizaciones y permisos que fuesen de lugar, tal como era su obligación de acuerdo con la cláusula quinta de dicho contrato.Transcurrieron varios meses y el 26 de diciembre de 2000 se presentaron dos inspectores del MICI al lugar donde se extraía la tosca, suspendieron la extracción, pretendieron notificar a los empleados de Aropecuaria presentes en el lugar de una resolución y dejaron un policía con órdenes de no permitir que se reiniciara la extracción.

Al advertir a ICA de lo ocurrido, los contratistas no demostraron sorpresa o preocupación alguna. Ante la insólita situación, traté por todos los medios a mi alcance de conseguir una entrevista, primero con el ministro del MICI, en ese entonces a cargo de una persona que durante varios años mancilló la cartera, con la ministra de la Presidencia y, por último, con la Presidenta de la República. Ninguno de los funcionarios citados siquiera me contestó las solicitudes escritas que les envié ni respondió a las numerosas llamadas telefónicas que les hice. Luego de varios meses, recibí un día una llamada del viceministro de Comercio Interior, Sr. Temístocles Rosas, y de la directora de Recursos Minerales, señora Francia de Sierra, citándome a una reunión. Durante la sesión se me informó que como yo no tenía una concesión, la extracción era ilegal y punto.

Los citados funcionarios rechazaron todos nuestros argumentos, anteriormente expuestos, y, sobre todo, el más contundente que esta era inoportuna, ya que al momento en que se impuso la multa el titular del ramo tenía sobre su escritorio la resolución en que concedía la zona de extracción correspondiente y se autorizaba la firma del Contrato respectivo sobre su escritorio. Desde luego, la solicitud de reconsideración oportunamente formulada que, pocos días después de la entrevista, fue rápidamente negada.

El día 22 de junio de 2001 la empresa, a través de sus abogados, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para pedir que se anulase el exabrupto cometido por el MICI y, desde entonces, la empresa espera el pronunciamiento del citado Tribunal de Justicia.Los hechos publicados indican que, si en el año 2000 se aplicaron seis multas, en el 2001, 12 multas y en el 2002 solo tres, es casi irrefutable la conclusión que la intención del titular de la cartera y sus amanuenses era la de eliminar la competencia en el negocio de proveer tosca a los contratistas del Corredor Sur. La competencia desleal a la que debería aludir el actual funcionario del MICI no se plantea, entonces, entre los que cumplen con las reglas y los que la violentan, sino entre quienes en un momento dado son los validos de turno y los empresarios honrados a quienes funcionarios corruptos les impiden cumplir con la ley.

Carlos Arosemena A.

En Panamá lo que existe es la ‘reserva bancaria’

Quiero aclarar algunos puntos de las declaraciones ofrecidas a La Prensa por fiscal general de Costa Rica, publicadas el 20 de febrero de 2005, donde se manifestó lo siguiente: que a partir del atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos obliga a abrir las cuentas en todos los lugares, incluso en Panamá. Dice que "lo que encontramos en Panamá podría ser que se haya hecho por décadas por diferentes personas, pero antes las cuentas en Panamá no se abrían, ahora sí".

El secreto bancario era absoluto, casi que de confesionario.-Panamá, Suiza, Hong Kong, Bahamas, las Bermudas abrieron... Como le digo, esto ha sido un asunto totalmente fortuito.Sobre estas declaraciones deseamos aclarar lo siguiente: Panamá, cuenta con una normativa bancaria que resguarda la privacidad y la confidencialidad de los usuarios del sistema bancario. No contempla ni ha contemplado en el pasado nuestra legislación, como ha sido malinterpretado, el llamado "secreto bancario", más bien se trata de un "reserva bancaria" consignada específicamente en los artículos 84 y 85, dentro del Capítulo XIII (reserva bancaria) del Decreto Ley No. 9 de 1998.Con la referencia de estos dos artículos queda claro que "la reserva o confidencialidad no es absoluta, como lo sería en el caso del secreto bancario. La información puede ser revelada bien a solicitud del propio cliente, o bien ante la solicitud de autoridad competente conforme lo establece la ley".

Le Ley No. 42 de 2000, que establece medidas para la prevención del delito de blanqueo de capitales, obliga a toda la empresa financiera, incluyendo bancos a identificar adecuadamente a sus clientes, rendir informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de transacciones en efectivo por un monto superior a 10 mil dólares así como cualquier otra actividad sospechosa.A través de los años la República de Panamá ha colaborado con otras jurisdicciones en los temas de blanqueo de capitales, y no es a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que Panamá ha brindado este apoyo, como se desprende en el artículo publicado.

Delia Cárdenas

Reflexionemos sobre el sistema de justicia

En La Prensa del 5 de marzo del 2005 aparecen las declaraciones del Presidente de la República sobre la necesidad de "abocarnos hacia unas profundas reformas del sistema de justicia". Es hecho público y notorio que la falta de excelencia y el repudio social con respecto al desempeño al sistema administrador de justicia debe provocar serias reflexiones.El sistema penitenciario es el último eslabón de la cadena del proceso administrador de justicia, la ejecución del mismo, asegura el cumplimiento de la pena de prisión. Pero no por ser el último es de menor importancia que los que le preceden, el acto legislativo que tipifica el ilícito o el judicial que aplica la norma policiva o penal a un caso concreto.

De allí que cualquier "revisión integral" o "hacia profundas reformas del sistema de justicia" debe, comprender el tema de la prestación eficiente y efectiva del servicio público penitenciario. Esto es, involucrar lo que la cárcel hace, lo que no hace, y lo que deshace en la persona privadas de libertad. Sin niveles mínimos de excelencia en su prestación los derechos humanos del privado de libertad y la propia seguridad ciudadana resultan reducidos a mitos democráticos.

Pablo Azael Tsimogianis V.

Que expliquen de dónde sale la deuda

En dos noticias publicadas en la sección de Economía y Negocios del periódico: "Sube déficit del Estado por fallos arbitrales" (jueves 3 de marzo) y "Temen más esqueletos fiscales" (sábado 5 de marzo), se lee que el Gobierno, por decisión del ministro de Economía y Finanzas, Ricaurte Vásquez, está incluyendo en el déficit fiscal de Panamá la suma de 160 millones de dólares en concepto de obligaciones procedentes de fallos arbitrales en contra de nuestro país.Sin embargo, en ninguna de las dos noticias se especifica de dónde procede esa cifra tan elevada. Aunque en días recientes se ha estado hablando de un fallo arbitral por 32 millones de dólares con la Autoridad de Tránsito, no se sabe nada sobre dónde es que salen los 128 millones restantes.Ojalá que La Prensa consiga esa información con funcionarios del MEF y que expliquen en detalle, y con cuentas claras y transparentes, cómo es que así de fácil nos toca ahora a todos los contribuyentes endeudarnos con la bicoca de 160 millones adicionales.

Maribel V. Romero