| CRISIS. LOS FALLOS DE HOYOS, SALAS Y SPADAFORA .
Arjona devuelve el golpe
Rompió su habitual silencio ante los medios, debido a la ‘intensidad y bajeza de los ataques’.
Lina Vega Abad
lvega@prensa.com
| LA
PRENSA/Archivo |
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| El presidente encargado de la Corte,
(izq.) José Troyano, pidió hoy la suspensión del traslado
de las cuatro funcionarias de Arjona. |
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Adán Arnulfo Arjona rompió ayer su conocida parquedad con los medios de comunicación. La razón alegada: "legítima defensa".
Y es que Arjona había sido acusado un día antes por sus colegas Arturo Hoyos, Aníbal Salas y Winston Spafadora de haber violado la independencia judicial, al mantener laborando en su despacho a cinco funcionarias pertenecientes a otras instituciones del Estado.
Arjona calificó como "infundios" las acusaciones de sus colegas, y aseguró que "todas las situaciones relativas al personal que labora en mi despacho, se han desarrollado con estricto apego a la ley y a la ética...".
En consecuencia, el magistrado Arjona alegó que la razón de las acusaciones –en momentos en que se encuentra de vacaciones– está en sus reiterados salvamentos de votos en casos que calificó de "tremendamente delicados", y en los que Hoyos, Salas y Spadafora han permitido "la puesta en libertad de personas investigadas por narcotráfico, homicidio, tráfico internacional de armas, descongelamiento de bienes, y denegación de acceso a información pública".
| LA PRENSA/Archivo |
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| La ex procuradora de la Administración
Alma Montenegro de Fletcher legitima la actuación de Arjona. |
Arjona, con evidente muestras de disgusto por los señalamientos de sus colegas, comentó que "si algo ha causado daño al decoro e imagen de la Corte Suprema de Justicia, son las decisiones que he cuestionado y que cuestiono de manera firme y categórica".
Después de hacer un recuento de cada uno de estos fallos (ver recuadro), Arjona dijo "no reconocer ninguna autoridad moral" en las personas que lo atacan, a los que responsabilizó "por cualquier agravio físico o moral" que experimente él o su familia.
Finalmente, Arjona afirmó que lo sucedido "confirma el grado de descomposición institucional que sufre la justicia panameña", descomposición que dijo haber combatido y enfrentado "con los instrumentos que me da la ley, al costo de soportar toda suerte de vilezas e infamias que han tratado y tratarán de esparcir grandilocuentemente con el objetivo de intimidarme y acallarme".
Denuncia sin fundamento
La acusación hecha contra el magistrado Arjona por sus colegas, fue descalificada por la ex procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher.
"La situación que han denunciado los magistrados Hoyos, Salas y Spadafora no constituye una irregularidad, sino una muy común práctica provocada por los problemas estructurales de la administración pública panameña", aseguró Montenegro de Fletcher.
La ex funcionaria comentó que es "absolutamente normal y legal" pedir colaboración entre instituciones para que, a falta de personal en un despacho, otra instancia de la administración pública cubra la necesidad".
En el caso de las cuatro funcionarias que trabajan en el despacho del magistrado Arjona, pero que están en la planilla de la Procuraduría de la Administración –Vanesa Quijano, Argelis Escudero, Mercedes Ocho y Tanya Vega–, todas habían sido funcionarias del Órgano Judicial hasta el año 2004, cuando César Pereira Burgos asumió la presidencia de la Corte y decide su destitución.
"Por razones inexplicables", asegura Montenegro de Fletcher, "se decide dejar el despacho del magistrado Arjona sin cuatro funcionarias clave para el desempeño de sus funciones".
En ese sentido, y respondiendo a la petición que le hiciera Arjona en aquel momento, la ex procuradora de la Administración cede cuatro posiciones de la institución a su cargo, "de manera que no se afectase la actividad de un despacho vital para la justicia contencioso administrativa".
"Tan pronto dejó la presidencia de la Corte lo dejaron sin apoyo, debido a todas las transformaciones que intentó hacer para renovar los modelos de trabajo y mejorar el sistema", comentó consternada Montenegro de Fletcher.
Frente a lo que calificó como "acusaciones absurdas", la ex procuradora se pregunta si a los magistrados no les preocupa la mora que causará el haber dejado a un magistrado de la Corte sin cuatro secretarias judiciales. Y como ejemplo de lo que les debería preocupar, la abogada mencionó una petición de interpretación prejudicial que presentó en el año 2001 para determinar la competencia de la Procuraduría de la Administración para recibir quejas de funcionarios de la Contraloría. "El ponente del caso es el magistrado Arturo Hoyos y aún no hay un fallo", comentó con disgusto.
MAGISTRADO ACUSA
- TRÁFICO Y LAVADO: Abril del 2004. Hoyos y Salas permiten la liberación
de Lorena Henao Montoya.
- NARCOTRÁFICO: Junio del
2004. Hoyos, Salas y Spadafora permiten la libertad de Fernando Requena.
- DEVOLUCIÓN : Agosto del 2002. Hoyos y Spadafora apoyan la entrega de bienes procedentes del narcotráfico.
- TRÁFICO DE ARMAS: Marzo del 2004. Hoyos y Salas deciden la interrupción de la investigación.
- DROGAS: Febrero del 2005. Salas,
Hoyos y Spadafora sustituyen detención
de acusado.
- INFORMACIÓN: Febrero del 2002 y julio del 2003. Hoyos, Spadafora y Salas negaron acceso a la información sobre Fundación
Mar del Sur.
VOCES CIUDADANAS
 El ex presidente de la República y líder del partido en formación
Vanguardia Moral de la Patria, Guillermo Endara, afirmó que los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia deben renunciar porque son inmorales.
“
Si ellos renuncian, lo único malo es que el presidente Martín
Torrijos va a nombrar a sus amiguitos y eso sería fatal”, comentó Endara.
El también abogado añadió que la Constitución
debe
ser reformada para cambiar el método de selección de los magistrados.
“
La Corte da vergüenza y esto va a trascender nuestras fronteras, por lo
que Panamá será cuestionado por su sistema de justicia”,
concluyó.
Guillermo Endara
Ex presidente de la República
 Ante la bochornosa situación actual que incluye las actuaciones totalmente
contrarias a lo que debe ser una pulcra y eficiente administración de
justicia, lo que se impone, en primer lugar, es iniciar una cruzada moral para
que se produzca la renuncia de todos los magistrados de la Corte Suprema, pero
ello atado a un proceso de consulta altamente participativo por parte de la
sociedad civil y el sector privado panameño, para que coadyuvemos con
el gobierno en la elección –por concurso o ternas– de los
candidatos más aptos por su solvencia moral, independencia de criterio,
solidez académica y trayectoria profesional.
Enrique De Obarrio
Presidente de APEDE
 La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo,
considera que no hay posibilidad alguna de salir de la crisis que vive la administración
de justicia panameña, con la permanencia en sus cargos de los actuales
magistrados de la Corte.
La Alianza incluye una cantidad de organizaciones de la sociedad civil, entre
las que están el Colegio Nacional de Abogados, el Colegio de Periodistas,
la Comisión de Justicia y Paz, la Universidad Santa María La Antigua,
el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Fundación Libertad Ciudadana,
entre muchas otras.
Magaly Castillo
Alianza Ciudadana Pro Justicia
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