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Perspectiva
Debate migratorio
Sergio Muñoz Bata
Con la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que restringiría el asilo a refugiados; facultaría al secretario de Seguridad Nacional a imponer la construcción de barreras en las fronteras ignorando leyes estatales, y coartaría el derecho de los estados a determinar quiénes pueden obtener licencias de conducir, recién explotó el debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos en el 2005.
Las reverberaciones de la H.R. 418, como se le conoce al proyecto de ley introducido por James Sensenbrenner, republicano del estado de Wisconsin, y aprobado por la Cámara de Representantes el jueves 10 de febrero, se han sentido dentro y fuera de Estados Unidos.
En América Latina, de donde procede el grueso de la inmigración ilegal a Estados Unidos, la primera lectura del proyecto es que se trata de una legislación anti inmigrante producto del racismo y la xenofobia de los representantes. Esta interpretación sería cierta sólo parcialmente, pues ya en el Senado el líder de la mayoría Bill Frist y el presidente del comité de inmigración John Cornyn han expresado dudas sobre el futuro del proyecto.
Para la Casa Blanca, el proyecto de Sensenbrenner presenta retos enormes, pues Bush se había comprometido a apoyarlo si éste accedía a separarlo del proyecto de ley de inteligencia.
Sensenbrenner cumplió y ahora espera que Bush le cumpla.
Sin apoyo en el Senado, Sensenbrenner buscará montar su propuesta a la petición de $80 mil millones de dólares para gastos militares y de reconstrucción de Irak que Bush enviará al Congreso la semana próxima.
Si este fuera el caso, los demócratas en el Senado tendrán que presentar la batalla buscando que Bush abandone a Sensenbrenner a cambio de un acomodo para una verdadera reforma migratoria.
Los grupos defensores de inmigrantes y refugiados han argumentado que estas medidas son insuficientes para resolver un problema complejo como el de la inmigración. Lo que el país necesita, dicen, es encontrar una fórmula que permita el tránsito ordenado y legal de quienes vienen a este país buscando trabajo y lo encuentran.
Para ello, dice Frank Sharry, hay que solucionar el estatus legal de quienes ya están acá; acelerar el programa de reunificación de familias; determinar las necesidades de la economía para importar mano de obra temporal y generar inversiones a regiones expulsoras de inmigrantes.
Dado que la enorme barrera que separa a México de Estados Unidos no ha servido para detener a los 8 millones o 12 millones de indocumentados que actualmente trabajan acá, es difícil concebir de qué manera aumentarle 5 kilómetros pueda incrementar la seguridad del país. Lo único que se logra con esto es humillar más a México, el país con quien será necesario negociar una solución integral al asunto.
Tampoco es fácil comprender cómo negarle una licencia de conducir a los indocumentados aumenta la seguridad en calles y carreteras estadounidenses.
Lo que haría es aumentar en millones el número de conductores sin licencia y sin seguro e impedir que el Departamento de Vehículos de Motor compile una base de datos con direcciones y fotografías de todos los conductores del país. Por sobre todas las cosas habría que preguntarse ¿quién puede pensar que con este tipo de acciones aumenta la seguridad del país?
El autor es miembro del consejo editorial de Los Angeles Times
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