| Diversión con seguridad |
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LA PRENSA|Jihan
Rodríguez |
| MAÑANA I inicia una de las fiestas más
esperadas por los panameños: los carnavales.
Durante estos días las personas se olvidan de
todo y se divierten. Sin embargo, en estos días
también se necesita prudencia para manejar.
La Policía de Tránsito ha dispuesto a
una gran cantidad de unidades para que cuiden a los
viajeros y así evitar accidentes que lamentar. |
Opinión en torno al Hoy por
Hoy
Dice el Hoy por hoy del domingo 30 de enero de
2005 que si el Municipio de Panamá y el IDAAN le pagaran
al fisco lo que le deben serían innecesarias las reformas
impositivas. Se queda corto. Si, además, los empresarios
que evaden impuestos pagaran lo que tienen que pagar, estoy seguro
de que el Estado recaudaría suficiente dinero para cubrir
todas las necesidades del país. Sin contar los empresarios
millonarios que evaden mediante triquiñuelas legales en
connivencia con las altas esferas. La mayoría de los medianos
y pequeños empresarios –más ignorantes de
sus derechos y menos pudientes para pagar buenos abogados– piensan
así: "Si, por más que declare todo lo que gano,
cuando vengan los inspectores de Hacienda van a inventarme alguna
falta para tratar de arreglar la cosa, por mucho menos de lo que
dejo de pagar, arreglo con ellos y ahorro plata". Si la empresa
aficionada a estos arreglos fuera inmediatamente clausurada y su
dueño o representante legal pasara a vivir entre rejas,
otro gallo cantaría. No sé cuál será el
sueldo de esos inspectores arreglistas, pero si se les dijera: "El
Estado le va a pagar a usted más de lo que cobraría
en cualquier otro trabajo relacionado con sus conocimientos, pero
si se descubre que ayuda a evadir impuestos, no solo perderá su
trabajo, sino que lo pondremos 20 años a la sombra",
estoy seguro de que aumentaría la recaudación fiscal
sin tocar las leyes actuales. Remediar el déficit fiscal
aumentando los impuestos, sin hacer nada por evitar la evasión,
es fomentar el fraude.
Francisco Moreno
Lamentan declaraciones de abogado
Arias C.
La Asociación de Abogados Internacionales,
integrada por prestigiosas firmas forenses, cuyos miembros prestan
servicios a clientes internacionales, lamenta las declaraciones
inoportunas e irrespetuosas proferidas por Jaime Arias Calderón,
abogado de la localidad, hoy convertido en asesor del gobierno,
que aparecieron publicadas en la página 6A del diario La
Prensa, el domingo 30 de enero de 2005. Conviene aclarar de salida
que la firma a la que pertenece el abogado Arias no es miembro
de nuestra asociación, a la cual renunció desde el
año 2002, por lo que asumimos que ya no se dedica a las
actividades que ahora pretende denigrar y demeritar.Reiteramos
que nuestra oposición al aumento de la tasa única
anual de las sociedades anónimas se debió principalmente
a que hace escasos dos años se aumentó esta tasa
de 150 a 250 dólares. Es indudable que un nuevo aumento
a solo dos años después del último, envía
una señal de inestabilidad a la clientela internacional,
lo que va a tener un efecto negativo en los niveles de organización
de nuevas sociedades anónimas panameñas, que habían
registrado una recuperación significativa en el último
año cuando, solamente en pagos directos le representaron
al fisco la suma de 40 millones de dólares. Además,
es evidente que un aumento de la tasa única anual le resta
competitividad a la sociedad anónima panameña frente
a nuestro principal competidor, Islas Vírgenes Británicas,
y frente a otras jurisdicciones como Belice, Anguila, Delaware
y Marshall Islands.Las razones antes expuestas distan de ser pueriles
y ridículas como lamentablemente afirmó el colega
Arias Calderón, quien o desconoce absolutamente la materia
sobre la que pretende asesorar o simplemente ha actuado de mala
fe.Aun cuando nuestra aspiración inicial era que no se produjese
ningún aumento en la tasa única, es preciso reconocer
que el ministro de Economía y Finanzas, Ricaurte Vásquez,
así como el viceministro, Rolando Mirones, el vicepresidente
de la Asamblea, Raúl Rodríguez y en el Órgano
Legislativo, diputados oficiales como Jorge Hernán Rubio
y de oposición como Mireya Lasso de Solís, entre
otros, en todo momento escucharon de manera respetuosa nuestros
argumentos, lo que resultó en que la tasa única anual
finalmente quedara en 300 dólares. La actitud de los funcionarios
antes indicados contrasta con la absurda e injustificada actitud
del colega Arias Calderón.
Roberto Lewis Director/Presidente
Alvaro Alemán/Director/vicepresidente
Yolanda de Azcárraga/Directora secretaria
Francisco Martinelli/Director
tesorero
Además firma la carta la Junta Directiva de Asociación
de Abogados Internacionales
Corrección de nombre y elección
de rey Tito
Mi nombre es Jason Paiement, no "Piagement" como
fue escrito en el artículo que apareció en La
Prensa el 28 de enero de 2005 en la nota "Rey Tito Santana
espera recuperar su trono".Actualmente estoy haciendo un estudios
en Canadá, sobre el manejo de recursos naturales en el distrito
de Changuinola, Bocas del Toro, por lo que me dio mucha pena leer
las declaraciones del depuesto rey naso Tito Santana cuando relata
sobre supuestos actos de intimidación física y de
vandalismo perpetrado por sus adversarios políticos en el
Teribe.Mi estudio de doctorado me llevó a convivir cuatro
meses con los nasos en las varias comunidades del área,
y esa experiencia me enseñó el profundo grado de
respeto que los integrantes de esa cultura mantienen por la vida
en todas sus formas y manifestaciones.Por eso fue que con agrado
leí después en La Prensa del domingo 31 de
enero que esas acusaciones eran falsas.Afortunadamente, y así fue
también señalado en el artículo del 28 de
enero, en Panamá hay razón de confiar en que las
autoridades nacionales, provinciales y locales pueden con buena
voluntad bajar las tensiones y propiciar la celebración
de elecciones para escoger al legítimo representante del
poder institucional tradicional naso.Quizás sólo
así podrían dejar de enfrentarse con denuncias y
acusaciones y volver a trabajar para lograr duraderas soluciones
sociales, económicas y tecnológicas para el futuro
que realmente merecen los moradores de la región, que por
la tradición que representan se la merecen.La violencia
nunca deja buenos frutos.
Jason Paiement
Cuestionan decisión de tribunal
de arbitraje
Todo contribuyente lector de La Prensa habrá advertido
con preocupación la noticia de primera plana del miércoles
2 de febrero, titulada "32 millones costó una decisión",
informando que un tribunal de arbitraje condenó a la Autoridad
de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), "y subsidiariamente
al Estado", a pagar 32.5 millones de dólares a un inversionista
francés por el incumplimiento de un contrato para construir
una nueva terminal de transporte terrestre en Colón.Según
esta noticia, la conformación del tribunal arbitral "se
fundamenta en un convenio de protección de inversiones suscrito
entre Panamá y Francia, que establece que una instancia
de "arbitraje internacional", instalada conforme al Reglamento
de Arbitraje de la Comisión de la ONU para el Derecho Comercial
Internacional, resolverá cualquier discrepancia.Sin embargo,
si la información suministrada por La Prensa es correcta,
un laudo condenatorio "a la ATTT y subsidiariamente al Estado" emitido
por el tribunal arbitral sería cuestionable, ya que el Convenio
entre Panamá y Francia sobre el Trato y Protección
de las Inversiones, vigente desde 1985, solo contempla el arbitraje
de "discrepancias relativas a inversiones" entre uno
de los dos países y nacionales o sociedades del otro. De
acuerdo al Artículo VIII del Convenio, únicamente
el Estado panameño, no la ATTP, ha tenido la capacidad de
ser parte de ese arbitraje internacional.Si por otro lado la causa
del arbitraje fue efectivamente el otorgamiento mediante resolución,
dictada por la ATTT el 24 de diciembre de 2003, de una nueva concesión
que privaba al inversionista de sus derechos, sorprendería
entonces que el proceso, cuyo objeto fue por error calificado como
de "despojo", haya sido completado en apenas medio año,
tomando en cuenta que el Convenio establece un periodo de seis
meses de espera luego de surgida la discrepancia, para dar así oportunidad
primero a una solución amistosa y negociada.Dado el corto
tiempo restante -la segunda mitad de 2004- es difícil asumir
que el sometimiento de este asunto a arbitraje haya podido contar
con el requisito constitucional de la aprobación del Presidente
de la República junto al Consejo de Gabinete, al igual que
del concepto favorable del Procurador General de la Nación,
y que el mismo haya permitido a la parte panameña preparar
convincentemente su caso bajo el Reglamento de Arbitraje adoptado.El
impacto de un laudo arbitral que pudiera costar 32.5 millones a
los miles de lectores de La Prensa invita a la publicación
del texto completo del mismo tan pronto sea posible.
Fernando Gómez Arbeláez
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