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Golpe
a la Casa Blanca. Ordenan aplicar la Convención de
Ginebra.
Declaran inconstitucionales las juntas militares de Guantánamo
Fallo de jueza estadounidense es miel para los oídos de las asociaciones de derechos humanos. WASHINGTON, EU /EFE
Las juntas militares establecidas por el gobierno de Estados Unidos para determinar si los detenidos en Guantánamo son o no "combatientes enemigos" son inconstitucionales, sentenció ayer lunes una juez federal.
La magistrada Joyce Hens Green, de una corte del distrito de Columbia, asestó un duro golpe a la política de detenciones de la Casa Blanca al dictaminar que los presuntos miembros de Al Qaeda y el Talibán detenidos en la base de Guantánamo (Cuba) tienen derechos de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos.
En su decisión, Green afirmó que "los procedimientos puestos en marcha por el Gobierno para confirmar que los demandantes son combatientes enemigos sujetos a detención indefinida violan los derechos de los demandantes al debido proceso".
También ordenó a Estados Unidos aplicar la Convención de Ginebra a los ex combatientes del régimen Talibán en Afganistán, aunque no los miembros de Al Qaeda.
En su opinión, el Gobierno debe establecer los tribunales contemplados en ese tratado internacional para determinar caso por caso quién debe ser definido como "prisionero de guerra" y protegido por el derecho internacional.
La Casa Blanca ha calificado a todos los detenidos en Guantánamo, como "combatientes enemigos" —un término que se ha inventado y que Green criticó por su vaguedad— y se ha negado a aplicarles la Convención de Ginebra.
La guerra contra el terrorismo "no puede invalidar la existencia de los derechos fundamentales, por los que la gente de este país han luchado y muerto durante más de 200 años", señaló la juez en su decisión.
Esas palabras son miel para los oídos de las asociaciones de derechos humanos, que han criticado duramente el encarcelamiento sin cargos de unos 550 sospechosos en Guantánamo, algunos por tres años.
"Es una decisión extraordinaria, que afirma que esta parodia de audiencias que ha realizado el Gobierno es un fraude", señaló Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, quien presentó el recurso ante Green en nombre de algunos de los detenidos.
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