Unificación.

La seguridad social y el sentido común

Xavier Sáez-Llorens

Se ha hablado hasta la saciedad del SS y sus soluciones. Ha habido opiniones de izquierda y derecha, de burócratas y ejecutores, de administradores y políticos, de expertos en salud pública y médicos generales, de trabajadores y empresarios, de organismos internacionales y gremios nacionales. Basta ya de tanta paja y utilicemos el sentido común. El SS debe ser estructurado, tal y como fue creado, para manejar el programa de pensiones y asegurar un digno retiro económico a todos los jubilados del país. Por tanto, debe funcionar como una gran aseguradora bajo una administración autónoma, transparente y eficiente. Apartemos criterios políticos e ideológicos del análisis y no convirtamos el SS en semillero para la lucha de clases.

Para que el SS cuente con fondos suficientes para enfrentar el presente y futuro de generaciones actuales y venideras, es indispensable aumentar la edad de jubilación y el número de cuotas de acuerdo al incremento de la expectativa de vida y al envejecimiento proporcional de la población. Excepciones puntuales se pueden hacer a trabajos que, por el desgaste físico que implican, mermen la posibilidad laboral después de los 50-55 años. Debe haber equiparación de género en la edad de jubilación. El Estado, no obstante, debe resolver paralelamente las injustas desigualdades en calidad de empleo, remuneración laboral y descanso por las actividades biológicas propias de cada mujer. Los hombres, por supuesto, deben ayudar más en la crianza de sus hijos y en los quehaceres domésticos. El descuento habitual de 9.5% por IVM (6.75% del asegurado y 2.75% del empleador) más el 1.65% de RP (empleador) debe seguir pagándose al SS.

El programa de enfermedad y maternidad debe pasar en su totalidad al Estado, que por obligación moral y constitucional, debe atender por igual la salud de todos sus ciudadanos (70% de asegurados y 30% de desprotegidos) con equidad, solidaridad, calidad y universalidad. Todos los centros de atención, desde niveles primarios a hospitales especializados, deben traspasarse al MINSA. El descuento del 8.5% por EM (0.5% del asegurado y 8% del empleador) deberá pagarse al Estado para financiar la promoción, prevención, curación y rehabilitación de las enfermedades de toda la población. Con este sencillo cambio, la salud será manejada por una política sanitaria única que organizará los niveles de atención, eliminará nefastas duplicaciones, reducirá la burocracia, mejorará la eficiencia del sector y minimizará las oportunidades de corrupción en licitaciones y compras de medicamentos e insumos. Eso sí, se requerirá una administración cristalina del MINSA, alejada de políticas partidistas.

Panamá posee una red redundante y despilfarradora de recursos físicos y económicos destinados a enfrentar los problemas de salud. No se justifica, a pesar de posiciones viscerales antagónicas de médicos y administrativos involucrados, tener varios hospitales de tercer nivel para lidiar una población tan escasa. En el campo pediátrico, por ejemplo, el Hospital del Niño y el Hospital de Especialidades Pediátricas deben unir sus fuerzas en una sola instalación y bajo una misma dirección. Para no herir susceptibilidades y evitar traumas por deshacer espacios feudales todos los puestos de mando deberán ser sometidos a concurso. La unificación MINSA-SS permitirá que todos los profesionales sanitarios se sometan a idénticas condiciones laborales en salarios, pago de turnos, desempeño de funciones, índice de productividad, cumplimiento de horarios, educación médica continua, incentivos y castigos.

Finalmente, todas las evasiones y morosidades empresariales deberán ser castigadas de forma enérgica por los organismos de justicia. Yo me pregunto, ¿por qué no se ha ejecutado algo tan simple y efectivo? Seguramente por culpa de agendas personales clandestinas, intereses de los grupos afectados, costos políticos y falta de coraje de los que ostentan el poder de decisión. Necesitamos líderes, ¿dónde están?

El autor es médico pedíatra e infectólogo

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