Convención.

Prueba de fuego para la OEA

La Convención Interamericana contra la Corrupción surgió en el proceso de la primera Cumbre de las Américas, realizada en la ciudad de Miami, en diciembre de 1994, en donde los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron el carácter multilateral de este problema y conscientes de ello se comprometieron a negociar en el marco de la OEA, un acuerdo hemisférico en este campo, ratificado por la República de Panamá, mediante la Ley No. 42 de 1 de julio de 1998, constituyéndose en el primer instrumento jurídico internacional en la lucha contra la corrupción.

No cabe la menor duda que este Organismo, de cuyo seno surgió el compromiso de luchar contra la corrupción, enfrenta su máximo reto cuando su recién nombrado Secretario General enfrenta graves acusaciones por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y corrupción. Quiero resaltar que desde que los países iberoamericanos suscribieron la Convención muchas son las asistencias legales que se han realizado no solo invocando la Convención Interamericana, sino también el Acuerdo de Cooperación Centroamericano en Asuntos Penales. Sin lugar a dudas, estos instrumentos jurídicos internacionales no se han constituido en letra muerta, ya que los mismos han permitido a los Estados signatarios dentro de sus facultades legales, averiguar, perseguir y sancionar a los responsables involucrados en los casos de los delitos de corrupción.

Somos conscientes que el presente caso ha constituido la primera prueba de fuego para la Organización de Estados Americanos la cual ha salido plenamente fortalecida, ya que siendo el organismo proponente en la lucha contra la corrupción, se demuestra con el ejemplo, de que nadie puede esta por encima de la ley, no importa cuán alta sea su posición, sobre todo si es la OEA, la que lideriza la lucha contra este flagelo en el ámbito americano.

La autora es la fiscal anticorrupción

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