Gómez, una procuradora que no muerde
A lo interno del despacho se sostiene que no son tan grandes los cambios impulsados por la funcionaria Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
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Ana Matilde Gómez, procuradora general de la República.
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Ha pasado una semana desde que Ana Matilde Gómez asumió el Ministerio Público. La nueva procuradora intentó verse activa e independiente, buscando sobre todo mostrarse en las antípodas de su antecesor José Antonio Sossa. A pesar de la alta presencia que su figura tuvo en los medios, puertas adentro de la Procuraduría los cambios no fueron tan grandes. ¿Cómo lo hizo? Mostró los dientes, aunque a ciencia cierta, todavía no mordió.
Destituyó de su cargo al fiscal auxiliar Carlos Yuto Herrera, un hombre íntimamente ligado con la vieja conducción del ministerio.
Sin embargo, ese fue el único cambio real.
Todos los otros fiscales superiores que trabajaron cerca de José Antonio Sossa mantuvieron sus puestos. A lo sumo, debieron cambiar de oficina, alguna de ellas ubicada en el mismo piso.
Dimas Guevara, fiscal cuarto superior, fue trasladado como fiscal primero superior, en reemplazo de Maritza Royo, quien llegó al Ministerio Público tras fracasar en sus intentos por convertirse en la defensora del Pueblo.
Pese a que en unas elecciones internas en su agrupación política, el Partido Popular (PP), Royo recibió el mayor número de respaldo, no tuvo igual suerte cuando su nombre fue barajado entre los integrantes del entonces denominado pacto META, una alianza legislativa entre el PRD y el PP.
Sossa, un viejo militante de la antigua Democracia Cristiana, ahora PP, sofocó un conato de críticas internas entre sus antiguos copartidarios y designó a Royo como fiscal primera superior, puesto que acariciaban varios fiscales de circuito cuando Juan Antonio Tejada, actual defensor del Pueblo, postuló su candidatura para ese cargo. Royo ahora ocupa la Fiscalía Cuarta Superior, despacho que desempeñó Guevara. Hubo, en palabras simples, un intercambio de despachos. Geomara de Jones se mantuvo en la Fiscalía Segunda Superior. Una de sus actuaciones más controversiales fue cuando giró una orden de detención en contra del abogado Gilberto Boutin, mientras participaba como expositor en una actividad académica. El arresto se produjo en presencia del procurador Sossa y José María Castillo, entonces secretario general de la Procuraduría.
Boutin, a quien se le requería por la desaparición física de un banquero suizo, había sostenido agrias disputas públicas no solo con Sossa y Castillo, sino también con el abogado litigante Carlos Jones, esposo de la fiscal de Jones, por litigios relaciones con el empresario Marc Harris, convicto en Estados Unidos.
Rolando Rodríguez, quien ocupó el cargo de fiscal tercero de circuito, fue enviado a la Fiscalía Superior en Coclé y Veraguas. Rodríguez, uno de los pocos fiscales que mantuvo la tesis de que los crímenes de la dictadura no prescriben, regresa a su antiguo cargo para reemplazar a Argentina Barrera, a quien en el Ministerio Público la ubicaban entre los fiscales de confianza de la pasada administración.
Barrera reemplaza a Rodríguez. Es decir, aquí también se produjo un cambio de oficinas.
En las fiscalías de Drogas los cambios solo fueron entre los pupitres de las secretarias.
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