Las actuaciones de todo gobierno son una conjunción de evaluaciones de orden técnico e intereses políticos. Pero como ha sucedido con demasiada frecuencia, las autoridades suelen tomar decisiones e incluso trazan estrategias y determinan prioridades políticas sustentadas únicamente en criterios políticos, sin tener en cuenta sus repercusiones económicas. El actual gobierno heredó desajustes importantes en las cuentas públicas y en la administración de áreas de enorme sensibilidad como la seguridad social, la educación, la salud, los servicios públicos y la justicia, por citar solo los casos de mayor gravedad. De allí que disponer de sistemas efectivos de prevención y castigo de la corrupción son, más que objetivos deseables, necesidades indispensables para la recuperación institucional, el funcionamiento más equilibrado y equitativo de los mercados, y el saneamiento de las cuentas públicas. Las recientes designaciones de la Procuradora General de la Nación y del Contralor General de la República deben cumplir con ese propósito, de lo contrario añadiría una nueva frustración a las muchas que ya afectan a la comunidad.