Piden que se declare ilegal orden de arresto de Garibaldo
JOSE OTERO
jotero@prensa.com
Los abogados del teniente coronel retirado de las desaparecidas Fuerzas de Defensa Ricardo Garibaldo, acusado de la desaparición y muerte de Heliodoro Portugal, ocurrida en 1970, solicitaron a la Corte Suprema que se declare ilegal la orden de detención girada en su contra, por su avanzada edad y los problemas de salud que confronta.
Mediante fallo del 17 de diciembre del 2004 del magistrado del Segundo Tribunal de Justicia, Andrés Almendral, se ordenó la detención de Garibaldo y se fijó para el 6 de junio del 2006 el proceso penal para encausarlo por la muerte de Portugal.
Manuel González, abogado de Garibaldo, interpuso la semana pasada un recurso de hábeas corpus ante la Corte para que se declarara ilegal dicha orden de captura, basando la solicitud en que el ex jefe del Cuartel de Los Pumas, tiene más de 70 años de edad y además su salud está muy afectada.
El recurso legal pasó a órdenes del magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, José Troyano.
Hasta el momento no se ha hecho efectiva la detención de Garibaldo.
Portugal fue secuestrado en mayo de 1970, supuestamente por agentes del antiguo Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), cuando departía con amigos en el Café Coca Cola, en Santa Ana.
Veinte años más tarde, en 1990, fue presentada la denuncia del caso en el Ministerio Público y el 22 de septiembre de 1999 los restos de Portugal fueron desenterrados en el área de Motor Pool, en el antiguo cuartel militar de Los Pumas.
Garibaldo era jefe de esa base militar cuando enterraron a Portugal, en junio de 1971, según las investigaciones que adelantó la Fiscalía Tercera Superior.
Por este caso, otros seis militares fueron sobreseídos por el tribunal de manera provisional.
Rolando Rodríguez, fiscal encargado de estas sumarias, había devuelto el expediente al Segundo Tribunal de Justicia, luego de cumplir con una ampliación ordenada en marzo pasado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Dicha Sala, bajo la ponencia del entonces magistrado César Pereira Burgos, declaró la no prescripción de la investigación y ordenó una ampliación del caso al Ministerio Público.
Pereira Burgos también pidió declaración jurada a Manuel Antonio Noriega, quien fungía para la época en que murió Portugal como jefe del G-2 (inteligencia militar).
Los hostigamientos políticos sufridos por Portugal se inician desde 1968 con el golpe militar cuando fue apresado por miembros de la entonces Guardia Nacional y permaneció detenido aproximadamente durante un año, y posteriormente liberado en 1969. Luego fue detenido y desaparecido el 14 de marzo de 1970 y nunca más se supo de él.
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