Perspectiva
El gobierno estadounidense
y Abu Ghraib
Los asesores jurídicos del gobierno de Bush han sido convertidos en el tipo de cínicos abogados que encuentran formas de hacer que algo ilegal de la impresión de ser kosher o cuando menos evitar ser llamado a rendir cuentas
ANDREW ROSENTHAL
 Las víctimas más obvias del brutal trato a prisioneros en cárceles militares de Estados Unidos son los hombres, mujeres y niños que han sido humillados, atacados sexualmente, golpeados, torturados e incluso asesinados. Pero, como en todas las guerras, el ataque del gobierno del presidente Bush a la Convención de Ginebra ha ocasionado un daño colateral, en este caso, para las oficinas jurídicas de la rama ejecutiva y las fuerzas armadas.
Con el fin de evitar la inconveniencia de la Convención de Ginebra, el presente gobierno torció los papeles de los asesores legales de la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Justicia más allá de ser reconocibles. Alguna vez acusados de proporcionar consejos sin adulteraciones con respecto a si las estrategias políticas seguían estando dentro de la ley, los asesores jurídicos del gobierno de Bush han sido convertidos en el tipo de cínicos abogados corporativos que encuentran formas de hacer que algo ilegal de la impresión de ser kosher o cuando menos cómo minimizar el peligro de ser llamado a rendir cuentas. Este levantamiento ha sido particularmente vívido en el Pentágono, donde el equilibrio usual entre la autoridad civil y la militar ha sido puesto de cabeza. El sistema estadounidense de control civil de las fuerzas armadas reconoce que la atención de los soldados debe estar fija en ganar batallas, mantenerse con vida, y que la bruma de la guerra a veces puede oscurecer el estado de derecho. Los jefes civiles supuestamente deben suministrar la ecuánime contención.
Ahora, Estados Unidos tiene que depender de la intervención de las fuerzas armadas cuando los civiles se salen de control. Cuando el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, aprobó la lista inicial de métodos de interrogación para la Bahía de Guantánamo a finales del 2002, métodos que claramente violaban la Convención de Ginebra y estatutos en contra de la tortura, no hubo protestas por parte de los asesores jurdicos que trabajan para el secretario de Defensa, el Procurador general, el Presidente, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o cualquiera de las secretarías de los servicios armados. Eso no es de causar sorpresa, ya que algunos de esos mismos oficiales fueron instrumentales para idear la lógica al estilo de Dr. Strangelove que yace detrás de la orden de Rumsfeld. Sus informes legales argumentaron diligentemente que el Presidente podría suspender la Convención de Ginebra cuando él así lo decidiera, que él incluso podía sancionar la tortura y que la tortura podía ser redefinida tan estrechamente que podría dar la impresión de ser legal.
Hizo falta una protesta interna por parte de abogados uniformados de la Armada para obligar al Pentágono a que revisara las normas de Guantánamo y las restringiera un poco. Sin embargo, las inquietudes de los abogados castrenses fueron desechadas en buena medida por un equipo de abogados civiles, encabezados por Mary Walker, la abogada general de la Fuerza Aérea. El grupo reafirmó la noción de que Bush podría elegir cuándo aplicar la Convención de Ginebra.
Ese principio estuvo enfocado originalmente a los supuestos miembros de la red Al-Qaeda que estaban detenidos en la Bahía de Guantánamo, pero fue exportado rápidamente hacia Irak y dio paso, de manera inexorable, a los horrores de Abu Ghraib y otros crímenes que, en fechas recientes, fueron revelados por parte de soldados estadounidenses en contra de prisioneros iraquíes y afganos.
De no haber sido por un grupo de abogados uniformados, la nación pudiera nunca haberse enterado del memorando sobre la tortura y detenciones. En mayo del 2003, poco después de que el grupo de Walker produjera su racionalización para el abuso de prisioneros, media docena de abogados militares se dirigió a Scott Horton, quien era el presidente del Comité sobre derechos humanos de la Asociación de Abogados de la ciudad de Nueva York. Eso condujo un informe de esta asociación sobre las políticas de la Administración, informe que fue publicado aproximadamente al mismo tiempo que las atrocidades de Abu Ghraib salieron a la luz pública. Esos abogados tuvieron que llevar a cabo su deber de manera anónima para evitar que sus carreras fueran atacadas despiadadamente. En el ínterin, el oficial del Departamento de Justicia que firmó el memorando sobre la tortura de prisioneros, Jay Bybee, fue elevado por Bush al banquillo federal.
Este mes, varios ex abogados militares de alto rango salieron en público en contra de la nominación del abogado de la Casa Blanca, Alberto González, para el puesto de procurador general. Destacaron que fue González quien supervisó el ataque legal contra la Convención de Ginebra.
Jeh Johnson, abogado de Nueva York que fungió como abogado general del secretario de la Fuerza Aérea bajo el ex presidente Bill Clinton, califica este cambio en términos de una revolución. Una opinión de la ley y el gobierno, dijo Johnson, es que buenas cosas de hecho pueden surgir del sistema legal y que hay abundantes beneficios en el estado de derecho. La otra es un enfoque más cínico que dice que los abogados son meramente un instrumento de la política consíganme una opinión legal que me permita hacer X. A veces, un abogado tiene que decir, 'Sencillamente usted no puede hacer esto'. Normalmente, los legisladores civiles le habrían pedido a las fuerzas armadas que trazaran las normas para una prisión militar en tiempos de guerra. Se supone que los abogados de secretarios en el servicio (armado) deben centrarse en temas como los contratos, declaraciones sobre el impacto ambiental y cierres de bases (militares). No se supone que ellos deben interferir en las nomas para el combate o la justicia militar.
Sin embargo, los legisladores civiles sabían que los abogados militares nunca aprobarían que la Convención de Ginebra fuera desechada en el combate en contra de los terroristas. Abogados militares, según Johnson, tienden a ver las cosas a través del prisma de cómo afectará eso a su gente si uno es capturado o enjuiciado.
Algunos integrantes del Partido Demócrata en el Senado estadounidense han dicho que planean interrogar a González con respecto a este desorden, durante sus audiencias de confirmación en el Senado. Pero, dado el ineficiente estado de la supervisión congresional en lo concerniente a este tema, no hay mucha esperanza en esa noticia.
En tanto, la relación entre los abogados civiles y los militares ha empeorado a tal grado que la senadora republicana de Carolina del Sur, Lindsey Graham, pugnó y logró la aprobación de una legislación que elevó a los principales abogados de los servicios castrenses al rango de generales de tres estrellas. Eso, cuando menos, los puso sobre una base más igualitaria con los abogados civiles.
The New York Times News Service
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