Una Universidad agónica
La fiscalización de las carreras debe estar en manos de los gremios profesionales, de los usuarios del sistema educativo superior y de las autoridades educativas del Estado panameño Roberto Arosemena Jaén
La Universidad de Panamá, desde que se reabrió en 1969, siguió formando, rutinariamente, los profesionales que se mercadeaban socialmente. A esa inercia "revolucionaria" se añadió la falta de creatividad de los cuarteles. Desde su reapertura, en 1969, hasta 1980, los rectores eran peleles de los comandantes de la Guardia Nacional. Su nombramiento obedecía a una ideología difusa de pseudonacionalismo y charlatanería izquierdizante. Sus autoridades respondían a la seguridad del Estado más que a la excelencia académica. Se tenía una universidad amortiguadora de la protesta política popular.
Luego, con el veranillo democrático necesario para legalizar la intervención militar permanente de Estados Unidos con los tratados canaleros, la Universidad se incorporó a la dinámica de una democratización institucionalizada. Los cuadros docentes, administrativos y estudiantiles, configurados en la década del setenta, fueron organizados en función de una Universidad controlada desde adentro pero sintonizada con el poder represivo de afuera. El rector representaba los cuadros burocráticos de la Universidad supeditados a las iniciativas cuartelarias. Una especie de Universidad con patente de Corso para que el Estado siguiese apoyándola económica y financieramente. Además, hasta el 20 de diciembre de 1989 siguió siendo, consciente o ingenuamente, la guarida de los provocadores e infiltrados para detectar a estudiantes y profesores que actuaban como ciudadanos panameños.
Esta modalidad académica y administrativa de la década del ochenta profundizó el alejamiento de la Universidad de Panamá de aquella función que diseñaron en su día Harmodio Arias Madrid y José Pezet Arosemena. Empezaron a surgir universidades más atractivas, aunque más costosas, para la sociedad panameña. La década del ochenta retornó peligrosamente a la dinámica de los asesinatos y desaparecidos de los tres primeros años del régimen octubrino. Esta situación se acentuó luego del secuestro de Mauro Zúñiga y la decapitación de Hugo Spadafora. El régimen octubrino se hizo inviable y anómalo, y la Universidad se mantuvo inmovilizada no obstante la agitación de los grupos estudiantiles no institucionalizados que desbordó la capacidad de reacción de los infiltrados. El aparato de seguridad del Estado, desde 1985, se lamentaba de la ineficiencia de la Universidad en contraste con la terrible efectividad de la Universidad entre 1969 a 1978 que había logrado mantener impune el asesinato de líderes estudiantiles como Jorge Camacho.
En la década del noventa, la Universidad se acomoda al derrumbe del régimen policiaco. Elige a un nuevo interlocutor con el gobierno en la persona de un histórico opositor, Carlos Iván Zúñiga. El país empieza a democratizarse electoralmente y la burocracia universitaria se acomoda a las nuevas modalidades políticas. Los profesores regulares ingenuamente se presentan como poder alternativo, pero en realidad son utilizados como base del nuevo reacomodo universitario para que nada cambie. La burocracia universitaria reniega de su lealtad a los cuarteles y apoya abiertamente al nuevo rector, bajo la condición tácita de que se respeten todas las regalías que venían recibiendo sus cuadros administrativos y académicos. La fidelidad del nuevo rector a la ley abrió las puertas para que el poder universitario retornase a los cuadros burocráticos que lo habían apoyado. Surgió un nuevo liderazgo. De un papel segundón, en la década del setenta, y con relaciones en las altas esferas del poder cuartelario cultivadas durante los ochenta, Gustavo García de Paredes retorna a la Universidad y se transforma en el poder administrativo y presupuestario de la Universidad. Desde ese momento, hasta el 2006, el líder indiscutible de la Universidad de Panamá es el profesor de historia y antiguo decano de la Facultad de Filosofía. Ahora, liberado de la tutela de los cuarteles y usufructuario principal de la partidocracia post invasión, el actual Rector se proyecta como el reformador e ideólogo de la Universidad del siglo XXI.
El principal significado, por no decir el único, de la actual "Propuesta de anteproyecto de ley orgánica de la Universidad de Panamá", que será presentada a la Asamblea Nacional próximamente, es concederle poder legislativo (estatutario y reglamentario) y administrativo al actual Rector de la Universidad de Panamá. De aprobarse esa ley, será solo funcional para una autoridad que sabe y puede manejar todos los órganos de gobierno universitario como se realiza actualmente.
El problema de la educación superior en nuestro país es grave. Se tienen universidades privadas, orientadas al lucro, y una Universidad de Panamá orientada a su subsistencia. La orientación al lucro estimula la competencia en la oferta académica, en la administración de los recursos, y en la brevedad y superficialidad de las carreras. ¿Qué autoridad panameña es responsable de la fiscalización académica de los títulos superiores? ¿Cómo estamos formando a nuestros licenciados y doctores con universidades orientadas al lucro y a la sobrevivencia?
La fiscalización de las carreras debe estar en manos de los gremios profesionales, de los usuarios del sistema educativo superior y de las autoridades educativas del Estado panameño. La orientación a la subsistencia de las universidades gubernamentales es mucho más grave que la orientación al lucro de las privadas, sobre todo ahora que el modelo autocrático de universidad con autonomía académica, administrativa, estatutaria y reglamentaria va a ser llevada a la Asamblea (Nacional) del PRD, que sí sabe y puede manipular en su beneficio la educación superior.
El autor es filósofo y abogado
Además en opinión
• ¿La reforma del Estado?: Jorge F. Marengo H.
• ¿Salvar de qué y de quiénes a la CSS?: Genaro López
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