Plan Patriota aumenta la pobreza, según informe
BOGOTA, Colombia (DPA). —Un año después del comienzo del Plan Patriota en el sur de Colombia, los campesinos de esas regiones han padecido los rigores de la ofensiva más grande contra las FARC, por un lado el férreo control de víveres y combustibles por parte del Ejército y por otro las "inquisidoras" leyes de los rebeldes.
Según un informe publicado ayer lunes por el diario El Tiempo, para los labriegos de la región, el proyecto que busca acabar con las FARC y erradicar los cultivos ilegales en la zona se ha convertido en su talón de Aquiles, pues los abusos de la guerrilla y la falta de inversión social del gobierno han propiciado el aumento de la pobreza y el número de desplazados.
"Legalmente sentimos la guerra contra nosotros. El Ejército no nos deja pasar gasolina, y por otro lado no nos dejan ni hacer un mercado mayor a unos mil 230 dólares, esas cosas nos tienen acabados", denunciaron los lugareños, de acuerdo con el reporte.
El llamado Plan Patriota es una iniciativa contrainsurgente que se desarrolla en zonas cercanas de la frontera con Ecuador y Perú, y que se puso en marcha por el gobierno del presidente Alvaro Uribe con apoyo financiero y militar de Estados Unidos.
Un contingente militar integrado por unos 14 mil hombres se han desplegado al sur del país para combatir a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, marxistas), cercar los corredores del narcotráfico y acabar con los cultivos ilegales.
Los labriegos, además, se quejan de que tanto los militares como los guerrilleros los obligan a transportar y alimentar a los combatientes, con el peligro de ser tachados de colaboradores de un bando o del otro.
"Aquí toca obedecer la ley de todos. En el mismo viaje me detuvieron tres veces, primero los infantes de marina en su labor de guardia y luego me tocó movilizar a dos guerrilleros que me obligaron a trasportar al detenerme mostrándome un fusil", relata un lanchero de la región de Remolinos del Caguan, departamento de Caquetá. Asimismo, las familias residentes en Cartagena del Chairá, lugar solicitado por las FARC para el canje de guerrilleros presos por rehenes, aseguran que la pobreza ha aumentado debido a las pérdidas de los cultivos legales que son dañados por las fumigaciones de los narcocultivos con glifosato.
"Perdí además de las matas de coca, 500 matas de piña y media hectárea de yuca y plátano con las que comenzaba a alternar el cultivo ilegal", indicó Germán Jaimes, campesino del caserío El Caracol.
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