La austeridad es una virtud que no ha relucido en las conductas gubernamentales de los últimos años. El clientelismo y el afán de derroche de los gobernantes, que olvidaron que están al frente de un país pequeño y pobre, han puesto de lado las buenas prácticas de la administración pública. Pero todo tiene su costo, por ello, la población sufre un deterioro de los servicios esenciales, la falta casi absoluta de inversión gubernamental y la necesidad del Estado de echar mano a nuevas cargas impositivas por la escasez de recursos. Como si el abultamiento irresponsable de la planilla oficial dejado por administraciones pasadas no fuera suficiente, esta semana algunos legisladores sutilmente lanzan una especie de chantaje al Ejecutivo, bajo la amenaza de que si el presupuesto de la Asamblea es recortado, darán permanencia al personal que cobra bajo contratos especiales. Otra maniobra politiquera de un Organo del Estado tan cuestionado y que parece no darse cuenta del clamor ciudadano por cambios reales en su comportamiento. Queremos y necesitamos austeridad en el manejo de la cosa pública y los entes oficiales deben entenderlo. El Ejecutivo deberá revisar esta realidad y no dejarse someter a amenazas, cumpliendo con medidas firmes y convincentes en materia de austeridad, especialmente ante las serias dificultades para cerrar las cuentas públicas y en vísperas de periodos de orden y estrechez económica.