Partidas,
impunidades y migajas
Todos estos políticos de rapiña merecen el repudio masivo de nuestra sociedad Xavier Sáez-Llorens
xsaezll@cwpanama.net
Bochornosa ha sido la revelación cibernética de los millones gastados por nuestros dos presidentes anteriores en las inmorales partidas "recreacionales". Mientras ellos, durante sus gestiones, despilfarraron dinero de contribuyentes en alhajas, al pueblo humilde lo salpicaron con migajas. Hay que ser descarado e inhumano para saber que existen niños panameños en la miseria extrema, sin raciones diarias de alimento, y estos gobernantes firmaban cheques para costear joyas, vestidos, festejos, peinados y viajes de lujo. Más infame aún es que utilizaron dinero ajeno, de todos nosotros los contribuyentes, para satisfacer sus voraces ínfulas monárquicas y restregar sus humillantes impunidades frente al esfuerzo diaforético de miles de ciudadanos que apenas tienen la precaria dicha de solventar sus necesidades más elementales de subsistencia.
Lo acontecido recientemente en la Asamblea Legislativa riega una capa de estiércol a la promesa electoral de adecentar el recinto parlamentario. No permitir el levantamiento de la inmunidad de 14 miembros para poder investigar potenciales delitos de campaña, perpetúa la inmoralidad a que nos tenía acostumbrados la lista anterior de "lacras de la patria". La repugnante burla fue aún peor cuando ese personaje, tristemente célebre por lágrimas fáciles, anhelos de protagonismo y agradecimientos interminables, decidiera dar descanso a la costosa y sofisticada tecnología electrónica de votación para suplantarla por el golpe sonoro de unos dígitos, supuestamente encargados de confeccionar leyes para la convivencia pacífica y armónica de nuestra población. Algunos legisladores, en aparente simulacro de transparencia, quisieron depurar su imagen mediante la abstención en sus votos. No obstante, esa tímida actuación no convence a una ciudadanía ampliamente asqueada de sus políticos y podría traducir que sus decisiones futuras, en temas específicos, obedecerán más a intereses personales o partidistas que a derroteros nacionales.
Otro circo político lo están protagonizando frecuentemente los magistrados de la Corte Suprema de Injusticia (CSI). Salvo excepciones puntuales, el resto de integrantes debería, por dignidad y entereza ética, renunciar y poner sus cargos a disposición del Ejecutivo para que sean reemplazados por personas límpidas, sin afiliaciones partidistas y con trayectorias intachables. No considero que la edad deba ser barrera para ejercer un cargo con lucidez y coherencia, pero, si ya se le había aplicado la ley a otro personaje longevo, no entiendo cómo se puede pretender eximir a alguien de parecida jerarquía, estableciendo perniciosos fueros y privilegios. Una nueva Constitución, irracionalmente apartada de posibilidades cercanas, podría depurar estas –y otras múltiples– leyes absurdas que atentan contra la justicia, la equidad y la ética contemporáneas.
Todos estos políticos de rapiña merecen el repudio masivo de nuestra sociedad. Seguramente, ellos no pagarán sus ignominias con cárcel, reembolsos al fisco u orfandad social debido a que, mediante subterfugios jurídicos o patrañas fabricadas por abogados sagaces, salvarán sus pellejos, posesiones y reputaciones. Pero, al menos, deben estar conscientes de que los ciudadanos decentes del país deseamos que se pudran en el aislamiento y el olvido. Ojalá la historia se encargue de juzgarlos como verdaderos depredadores de las arcas y honores estatales, ya que desafortunadamente tampoco podemos aspirar a que la CSI cumpla con su presuntamente cristalino deber moral.
Aunque no parece salomónico ilusionarse prematuramente con las incipientes actuaciones del gobierno de Martín Torrijos, es justo reconocer que la saludable inyección de juventud, nombramiento de personas aparentemente honestas y designación de posiciones ajenas a pertenencias partidistas, invitan al optimismo. Exhorto, sin embargo, al nuevo mandatario a divulgar la lista de donantes de su campaña electoral, vigilar estrechamente a aquellos subalternos con antecedentes políticos en administraciones pasadas, y empezar a enjuiciar a funcionarios corruptos de periodos pretéritos, ojalá de alto rango, sin temor, lástima o compasión. Esta será la única forma viable para que los panameños recobremos la credibilidad en la clase gobernante y podamos aspirar a vivir y trabajar en un envidiable paraíso justo y democrático.
El autor es médico pediatra e infectólogo
Además en opinión
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I. Roberto Eisenmann, Jr.
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