Panamá, 19 de octubre de 2004
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Pereira Burgos debate sobre su caso; Vásquez se ausenta

JULIO ALFARO
jalfaro@prensa.com

El magistrado César Pereira Burgos aseguró que su ’remoción’ por parte del Organo Ejecutivo tiene una motivación: ‘un espacio que se quiere allí para un fin específico’.

El debate entre el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos, y el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, se convirtió anoche en un monólogo, donde el primero manifestó que la decisión del Organo Ejecutivo de removerlo del cargo por haber cumplido 75 años de edad tiene como trasfondo hacerse con el puesto que él ocupa en la Corte Suprema de Justicia.

El amplio salón de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá permitió a Pereira Burgos señalar que su "remoción" no se produjo por él como jurista o presidente de la Corte, sino "por un espacio que se quiere allí para un fin específico".

El septuagenario magistrado fustigó duramente la ausencia del joven líder del gremio de abogados, aunque sin mencionarle directamente. "Los que han avalado lo que hizo el Presidente de la República y su Gabinete debieron haber venido para escucharlos, pero no lo hicieron, así que a partir de hoy, no oiré más sus palabras", manifestó.

Consultado por teléfono sobre su ausencia, Vásquez Reyes dijo que atendía un compromiso previo con un visitante extranjero.

La ocasión sirvió para que Pereira Burgos descargara sus argumentos contra la decisión adoptada la semana pasada, en la que se declaró vacante el cargo que ocupaba en la Corte, nombrando en su reemplazo a Esmeralda de Troitiño.

Para uno de los asistentes al monólogo, el ex procurador Rafael Rodríguez, la acción gubernamental ha lesionado gravemente la institucionalidad del país porque el Gabinete, "es decir, el poder Ejecutivo en pleno ha destituido al presidente de la Corte", en lo que considera una flagrante intromisión en el Organo Judicial.

Entretanto, el ex magistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola, explicó que el pronunciamiento de esa instancia sobre la llamada Ley Faúndes no se dio en el marco de lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución, por lo que los señalamientos acerca de que la norma mencionada es constitucional "no tienen asidero jurídico porque en ese artículo específico no hay cosa juzgada".

Indicó que el artículo 201 de la Carta Magna tampoco le impone una condición de abandono del cargo a una edad determinada, porque el numeral 2 de la norma citada solo se habla de que para ocupar el puesto se debe "haber cumplido 35 años de edad", sin imponer un límite en la edad del magistrado como causal para que abandone el cargo.

Mientras, José Salvador Muñoz, defensor del magistrado, dejó entrever la posibilidad de entablar un proceso contra el presidente de la República, Martín Torrijos, y todos los ministros que suscribieron la resolución que declaró la vacante de Pereira Burgos, por extralimitación de funciones y lesión grave de la Constitución Política.

Muñoz enfatizó que una demanda de esta naturaleza implica que la Asamblea Legislativa considere el juzgamiento de Torrijos, aunque admitió que por el control que tiene el partido de gobierno en la cámara "es casi imposible que ello se produzca".


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