Privatizarán servicios en Tocumen
El nuevo director de la AAC, Tomás Paredes, dijo que la idea es promover la inversión privada
URANIA CECILIA MOLINA
umolina@prensa.com
| LA PRENSA/Archivo |
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Paredes Royo admitió que le parece conveniente facilitar a las líneas aéreas
el derecho a construir una terminal, en la que puedan realizar sus propias
operaciones de pasajeros y carga.
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Promover la inversión privada a través de la privatización de ciertos servicios que ofrece el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y modificar las leyes que regulan el sistema aeronáutico son algunos de los proyectos que promoverá a partir de 2005 el nuevo director de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), Tomás
Paredes Royo.
En una entrevista concedida a La Prensa, Paredes Royo anunció que a partir de enero de 2005 comenzará a reunirse con todos los sectores involucrados en la actividad de transporte de carga y pasajeros, para definir los conceptos que debe contener la nueva ley.
Actualmente son tres las leyes que regulan esta actividad: la No. 21, que norma el uso del espacio aéreo; la No. 22, que creó la Autoridad de Aeronáutica Civil como agente rector; y la No. 23, que convirtió el Aeropuerto Internacional de Tocumen en una empresa privada (Tocumen, S.A.).
De acuerdo con el criterio de Paredes, estas tres leyes son "un error, un mal híbrido", y de allí la necesidad de promover y concretar los cambios.
Autoridad sin recursos
Paredes Royo sostuvo que como consecuencia de la aplicación de las mencionadas leyes, ahora existe un aeropuerto "altamente rentable y una aeronáutica altamente empobrecida, con serias dificultades y limitaciones presupuestarias".
Explicó que la entidad reguladora (AAC) no tiene recursos para ejercer su función, mientras que el aeropuerto tiene un flujo de caja y unos ingresos "sumamente holgados", que incluso le permiten otorgar 4.5 millones de dólares anuales a la propia autoridad.
Antes de que el Aeropuerto Internacional de Tocumen fuera convertida en una corporación, los ingresos de Aeronáutica Civil eran aportados por los servicios que prestaba el aeropuerto.
En la práctica -indicó Paredes-, está demostrado que los 4.5 millones de dólares no son suficientes para el trabajo que realiza la AAC.
La institución cuenta con un presupuesto anual de 16 millones de dólares, que según su director no alcanzan para el desarrollo y mantenimiento de los aeropuertos internos del país, los cuales son su responsabilidad, aunque ahora sin los ingresos que aportaba el aeropuerto de Tocumen.
Paredes precisó que con la promulgación de las leyes No. 22 y No. 23 ambas entidades perdieron, una porque no tiene dinero y la otra porque no tiene la independencia para actuar como una empresa privada.
Paredes Royo opinó que el objetivo de convertir el aeropuerto en una corporación fue crear una empresa en la que el Estado fuera dueño de las acciones, y en la que el manejo de una junta directiva promoviera la toma de decisiones con corte empresarial, a fin de mejorar los servicios.
Sin embargo, agregó, en la práctica no funciona así, porque cuando se despide a un empleado, por ejemplo, los emolumentos que recibe tienen que ser refrendados por el contralor de la República, situación que no ocurre en una empresa privada.
Para presentar el nuevo proyecto de ley, el funcionario se asesora con representantes de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
Este organismo participó en la estructuración de las leyes anteriores, pero según Paredes, "ahora reconoce que hay fallas necesarias de enmendar y corregir, para poder seguir construyendo un desarrollo del sector aeronáutico".
Privatizarán servicios
Sobre la posibilidad de privatizar algunos de los servicios que se ofrecen en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Paredes dijo que está de acuerdo con la inversión privada.
Admitió que le parece conveniente facilitar a las líneas aéreas el derecho a construir una terminal, en la que puedan realizar sus propias operaciones de pasajeros y carga.
Sustentó su visión en que esta figura está presente en muchos de los aeropuertos internacionales, sin que cause ninguna lesión al Estado.
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